Pedraz rebaja de 20.000 a 1.000 la fianza a DyJ para ser acusación en el caso Zapata

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rebajado de 20.000 a 1.000 euros la fianza impuesta a Dignidad y Justicia (DyJ) para ejercer la acusación contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo y a Irene Villa por los comentarios que escribió en la red social Twitter.

El magistrado ha dictado este miércoles una providencia en la que estima "adecuada" la suma de 1.000 euros ofrecida por la asociación presidida por Daniel Portero, de forma que "una vez se preste se la tendrá como personada por acusación particular".

Dignidad y Justicia ha agradecido la ayuda de quienes han aportado dinero para que la asociación estuviera presente en la vista en la que Zapata declarará como imputado el próximo 7 de julio, día en el que comparecerá también Irene Villa como testigo como afectada por los comentarios que publicó en Twitter.

La organización ha informado de que ha recibido 1.325 euros que destinará a sufragar esta fianza, mientras que la cantidad restante irá a otras causas. Inicialmente, el juez había fijado una fianza de 20.000 euros y pedía a la asociación que aportara sus presupuestos, cuentas anuales y cualquier dato que reflejara su situación económica si quería rebajar la caución.

DyJ ha celebrado la reducción de la cuantía porque ello garantizará, junto al Ministerio Fiscal, la acusación contra Zapata por la comisión de un "claro" delito de humillación al conjunto de las Victimas del terrorismo.

LA FISCALÍA DENUNCIÓ MENSAJES "HUMILLANTES Y VEJATORIOS"

El pasado junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió a trámite la querella presentada por DyJ y acordó la declaración del concejal, tal y como reclamó la Fiscalía, por los mensajes "humillantes y vejatorios" que escribió el 31 de enero de 2011.

El magistrado, que citó con un margen de un cuarto de hora al concejal y a la víctima de ETA (a las 10.30 y a las 10.45 horas, respectivamente), ofrece la posibilidad a Irene VIlla de que solicite un cambio de fecha si no quiere coincidir en el juzgado con Zapata.

La fiscal Blanca Rodríguez consideró que los comentarios de Zapata, entre ellos uno en el que decía 'Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos', entrañan "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares".

Además de este tuit, que el edil escribió el 31 de enero de 2011 con un usuario llamado @casiopeaexpres, el informe del Ministerio Público menciona un segundo mensaje publicado el mismo día en el que reproduce un chiste sobre el Holocausto: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero".

HASTA DOS AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía defendió en un informe remitido al juez este miércoles que la conducta del concejal, más allá de la restricción de la libertad de expresión que podría suponer su persecución, podría ser constitutiva de un delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal, que persigue tanto el enaltecimiento del terrorismo como la humillación de las víctimas y está castigado con penas de hasta dos años de cárcel.

A su juicio, el contenido del mensaje sobre Irene Villa, que el concejal contextualizó en un debate en la red social sobre los límites del humor, puede ser "objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo en particular y en general para todas las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA".

Tras apuntar la necesidad de "perseguir las conductas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementen el terror de sus familiares", el escrito de la Fiscalía señala que los comentarios del edil "generan la perplejidad e indignación en la sociedad que les hace merecedores del reproche general".

Según detalla la fiscal Rodríguez, las expresiones proferidas por Zapata responden a los criterios fijados por el Tribunal Supremo para que su conducta pueda constituir un delito de humillación a las víctimas por reunir los conceptos de "descrédito (disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas)", "menosprecio (poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén)" y "humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien)".