Pequeñas librerías critican que el proceso para el suministro del programa ACCEDE favorece a las grandes distribuidoras

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Salva a tu pequeña librería', que agrupa a cerca de 270 establecimientos de la región, ha criticado que el proceso para el suministro de libros de texto para el programa ACCEDE favorece a las grandes distribuidoras, frente a lo que defiende la Consejería de Educación.

Un portavoz del colectivo ha explicado a Europa Press que en la región existen alrededor de 1.000 pequeñas librerías y que unas 160 han optado por licitar al proceso de homologación como suministradoras para este programa de préstamo gratuito de manuales escolares, que arranca el curso que viene.

Alrededor de 200 proveedores de la región se han inscrito en el listado de empresas suministradoras de libros de Accede, según explicaron desde la Consejería de Educación para resaltar que el 80 por ciento era pequeñas y medianas empresas frente al 20 por ciento que eran editoriales relevantes y empresas del ámbito de la distribución.

Desde este colectivo replican estos datos para recordar que el contrato marco está repartido en 27 lotes, para cubrir diversas áreas de la región (una media de 12 municipios por lote), y que la mayoría de las pequeñas librerías han optado por licitar a solo uno de ellos, mientras que las grandes empresas se han presentado a casi todos.

En consecuencia, en cada lote esa proporción aludida por la Consejería se invierte, pues precisamente esas grandes editoriales y compañías de distribución, tanto nacionales como internacionales, copan los proceso de licitación.

Asimismo, exponen que los pequeños libreros han tenido dificultades para concurrir y que en el proceso no se han contestado por parte de la Consejería a multitud de preguntas técnicas formuladas por registro, cuestión que califican de "irregular" al estar recogido en los pliegos del acuerdo la "obligada respuesta" a las cuestiones planteadas por los aspirantes.

En caso de no darse respuesta en un periodo máximo de seis días antes del plazo de licitación, se debería haber prorrogado dicho plazo. También apuntan que esas contestaciones de la administración son vinculantes y deberían haberse incluido en el perfil del licitador, algo a lo que no se ha procedido en algunos casos.

La plataforma también censura a Educación por no atender su petición de suspender el pliego de condiciones o, al menos, ampliar el plazo para presentar ofertas mientras se subsanaban esas "deficiencias" a la hora de contestar las solicitudes de información de aspirantes, pues en su opinión fue algo que se acordó en una reunión con la Consejería de Educación el pasado viernes 15 de marzo.

A su vez, auguran dificultades de suministro a los colegios dado que no hay fecha límite para que los colegios prescriban los libros que necesitan. En consecuencia, vaticinan que habrá problemas en septiembre y que muchos libros no llegarán a los centros, según las conversaciones mantenidas con editoriales, colegios y ampas.

También critican que en mitad del procedimiento de licitación se modificó el IVA, un cambio sustancial pues inicialmente estaba excluido y luego pasó a contemplarse dentro del precio unitario.

Además, han aludido a las dificultades de los pequeños libreros para demostrar la solvencia financiera, pues se pedía los datos del registro mercantil, algo que solo se aplica a sociedades y no autónomos. Ante la insistencia por esa disfunción, se comunicó por la administración que era suficiente la aportación de la declaración de IRPF, pero la plataforma subraya que esa solución solo es válida para los autónomos que tributan en régimen general, pero no resuelve las dudas para aquellos que tributan por módulos.

Otro factor que les genera inquietud es la garantía del 5 por ciento que se exige en la licitación, pues no está claro en su opinión que se devuelva en el primer año o tengan que transcurrir cuatro hasta obtener la devolución del importe, algo lesivo para una pequeña librería.

También indican que el cálculo medio del coste del libro de texto en los lotes no recoge el "precio real" del volumen, pues se suele fijar un precio por debajo del de cesión (el precio del volumen al que lo adquieren los libreros), lo que genera pérdidas considerables a las pequeñas librerías.

Por tanto, están decididos a solicitar la suspensión del concurso para la adjudicación del suministro de estos libros de texto, que ya han solicitado al Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, que por ahora ha desestimado su solicitud. Desde la Consejería de Educación han apuntado a Europa Press que el fallo inicial es favorable a la administración.

También exponen que el sector del libro ha solicitado la suspensión del acuerdo marco y reclamado cambios en la normativa, como el priorizar a las familias tengan libertad para elegir la librería en la que quieren realizar la compra, desplegando para ello fórmulas como el 'cheque libro'.

Tras señalar que la Asamblea aprobó una iniciativa para modificar la normativa en este sentido, aluden al caso de Murcia que puso en marcha un sistema similar de préstamo de libros de texto, algo que llevó al cierre de 150 librerías.

Una de las reivindicaciones de la plataforma, pero de competencia estatal, es el establecimiento de un precio fijo y de un descuento máximo permitido, en los libros de texto de Primaria y Secundaria, como ya de hecho se aplica en la totalidad del resto de libros, incluidos los libros de texto de Infantil y Bachillerato.

DOS MILLONES DE EJEMPLARES

El Ejecutivo regional calcula que a través del acuerdo marco aprobado se van a adquirir más de dos millones de unidades que pasarán a formar parte del banco de libros de la Comunidad de Madrid.

Durante el presente curso escolar, primer año de la puesta en marcha del programa de gratuidad de préstamos de libros, cerca de 800.000 volúmenes que ya forman parte de los bancos de libros de la región.

Por otra parte, el Gobierno regional se reunirá en los próximos días con los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), así como con asociaciones de libreros, editores y otros colectivos para reflexionar sobre el programa y proponer cambios a futuro.