La izquierda le reprocha que no cuente con "todas las sensibilidades" y alertan del peligro de fomentar una burbuja inmobiliaria
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado que la propuesta de un Pacto Regional para la Vivienda busca facilitar el acceso a la vivienda y no busca "dar beneficios a los promotores", como han deslizado los grupos parlamentarios de la izquierda.
"Necesitamos un sector inmobiliario que salga adelante, con medidas fiscales de colaboración público privada para garantizar la supervivencia de un sector que puede generar empleo, queremos ayudarles para que sea un vector de la recuperación económica", ha destacado Pérez durante su comparecencia en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, a petición propia, en la que han desgranado las actuaciones del Ejecutivo regional durante la pandemia, que ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos.
El consejero se reunió el pasado abril con organizaciones, patronales y colegios profesionales del sector para fomentar este pacto enfocado en medidas como la flexibilización de la burocracia, la mejora de las condiciones de financiación, potenciar la economía social o la colaboración público privada.
Pérez entiende que este sector puede ser un "vector" importante dentro de la recuperación regional tras la crisis económica y social del coronavirus, especialmente a través de planes de vivienda ya iniciados por el Ejecutivo autonómico, como es el caso del Plan Vive, por el que se prevé construir 15.000 viviendas con alquileres asequibles en esa legislatura, o Madrid Nuevo Norte.
Desde los grupos de la izquierda le han reprochado que no haya tenido en cuenta a otros sectores a la hora de debatir esta estrategia. En esta clave de ha expresado la portavoz de Unidas Podemos IU, Carolina Alonso, quien ha pedido al consejero más información sobre lo hablado con el sector inmobiliario y que cuenta con agentes sociales a la hora de "hacer planes de futuro". "No se puede hacer contando simplemente con los promotores sin tener en cuenta a vecinos e inquilinos", ha reprochado.
Al hilo, el diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, ha alertado de que estrategias como la de sustituir las licencias por declaraciones responsables se puede caer en el "modelo trasnochado" de la burbuja "ligado a la corrupción urbanística", por lo que ha abogado por una colaboración público privada "subordinada al interés general" y ha apelado a la integración en este pacto de las "sensibilidades" de todos los partidos.
También ha apelado a ello el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Miguel Díaz, y la socialista Cristina González. Esta última ha pedido un "gran acuerdo para el derecho a la vivienda" en el que se estén "todos representados" --incluidos los ayuntamientos-- y que se enfoque en aspectos como incentivar el acceso a los jóvenes o la eficiencia energética.
AYUDAS AL ALQUILER
En otra clave, Pérez ha subrayado que durante el estado de alarma el Plan Alquila ha continuado prestando sus servicios mediante la intermediación de sus 16.000 inquilinos y que ha atendido a aquellos que "pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad" y que se han llevado a cabo 406 intermediaciones sobre un total de 2.908 consultas; mientras que la Oficina de atención Ciudadana ha mantenido y resuelto 4.106 consultas relacionadas con la vivienda.
Asimismo, ha destacado que ya se ha hecho entrega de la subvención a 1.969 beneficiarios de las ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 -sobre el total de 4.124-- y que el restante está pendiente de la "subsanación" de algunos problemas de documentación dependiente de la apertura de los registros. Al respecto, ha destacado que este martes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la apertura este miércoles del plazo para solicitar las ayudas al alquiler para aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad derivada del coronavirus, pero ha censurado que la dotación del Estado para este plan sea de 15,9 millones de euros, cuando no prevén que pudiesen cubrir las peticiones que esperan "ni con diez veces más".
MEDIDAS EN LA AVS
Por otro lado, ha recordado que desde el principio del confinamiento tramitó la orden para reducir la renta de alquiler a los inquilinos de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) afectados por la pandemia; a la que pueden acogerse arrendatarios de la AVS que hayan sido despedidos o afectados por un ERTE, y los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40 por ciento.
Así, ha destacado que esta ayuda ha supuesto la reducción al mínimo del precio de alquiler, mediante el pago de una cuota de 46,56 euros por la vivienda y 4,54 euros por plaza de garaje, e incidirá directamente en más de 5.000 familias que actualmente no se benefician de otras ayudas de la Agencia, lo que supondrá más de 1,3 millones de euros en ayudas directas.
La Comunidad de Madrid ha atendido 8.782 requerimientos de información de posibles beneficiarios interesados, tramitando hasta la fecha 603 solicitudes, de las cuales la gran mayoría --un 75%- están destinadas a situaciones de vulnerabilidad por estar incursos en un ERTE.
Por su parte, desde UP y Más Madrid han instado al consejero a que no haya que hacer trámites burocráticos para solicitar esta medida y que sea aplicada de forma automática a todos los residentes de estas viviendas sociales.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Respecto ala vertiente de Administración Local ha incidido en que desde el Gobierno autonómico se han remitido hasta 22 comunicaciones informativas a todos los ayuntamientos de la región con pautas y recomendaciones ante el Covid-19. En esta clave, la primera semana se la crisis, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para estructurar cauces de comunicación entre las Corporaciones locales y la Comunidad, vehiculadas a través del área que dirige Pérez.
Al respecto, el consejero ha puesto el foco en que se han superado las "1.000 llamadas y consultas" a través de la Comisión Interdepartamental sobre aspectos como el desabastecimiento de bienes de primera necesidad, labores de desinfección y cuestiones administrativas. Sobre las limpiezas, ha incidido en que el 80 por ciento de los municipios han sido desinfectados gracias a la labor de la Unidad Militar de Emergencias, servicios municipales y cuerpos policiales, entre otros.
Asimismo, ha recordado que se han tramitado acuerdos del Consejo de Gobierno "relativos al Plan Estratégico de Subvenciones de 2020 dotado de 8,5 millones de euros, destinado a "mejorar la situación de las arcas municipales"; además de las modificaciones del Plan de Inversión Regional (PIR), del que se destinarán 130 millones de euros a gasto corriente; que espera que se de en dos pagas y que la primera pueda ser en octubre. En esta clave, ha reclamado que las Corporaciones municipales puedan destinar el 100 por cien de su superávit a "paliar los efectos de la pandemia".
"Invitamos a que la FMM respalde esta petición", ha invitado Pérez, quien ha asegurado que se han "promovido soluciones" para los municipios, especialmente para aquellos más pequeños; para los que han tenido que pedir a los madrileños que frenasen la "afluencia excesiva" de visitantes que desbordaban la capacidad municipal. Por último, ha destacado la atención en la Cañada Real Galiana, especialmente vulnerable, para "facilitar la atención social, sanitaria y educativa a sus 8.000 habitantes".