Plataforma de Afectados denuncia a Illa por "delitos contra la salud pública por imprudencia grave"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recién constituida Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19 presentó ayer lunes una denuncia ante la Sala del Tribunal Supremo de Justicia contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra los responsables del Gobierno implicados "por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país".

La plataforma, constituida el día 22 en Madrid y presidida por Carmen Balfagón, que señala que es totalmente independiente y sin vinculación a ningún partido político, nace para "apoyar y defender a todos los afectados por esta pandemia, y para manifestar que las autoridades gubernamentales no actuaron en consecuencia".

"El primer caso confirmado de Covid-19 en España se conoció el 31 de enero 2020 y tras una evolución ascendente de personas infectadas, el 11 de febrero el ministro de Sanidad comunicó en nota de prensa posterior que el Sistema Nacional de Salud está preparado para hacer frente a la situación. Que la probabilidad de que suponga un riesgo para la población en nuestro país se considera bajo y que todas las medidas de vigilancia y control están puestas en marcha", recuerdan.

Pero después de todo lo acaecido, y dada la situación actual, habiendo superado los 7.347 fallecidos, la plataforma quiere denunciar "la falta de responsabilidad y pésima gestión de nuestros políticos en esta crisis, que nos ha abocado a una Sanidad desbordada y a unos profesionales tanto sanitarios como de los cuerpos de Fuerzas y Seguridad, que se enfrentan cada día a las consecuencias de esta pandemia sin los medios necesarios para combatirla y sin los equipos de protección para no contagiarse".

Otros de los aspectos que quiere destacar la asociación es "la de no poder ejercer el derecho que tiene todo individuo a una muerte digna y a ser acompañado por sus seres queridos en esos momentos tan delicados, especialmente los colectivos más vulnerables a esta enfermedad".

TEST DE PROTECCIÓN RÁPIDA INEFICIENTES

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, consideran que Salvador Illa ha cometido un delito de salud pública por imprudencia grave "al menos, al no haber tomado las mínimas medidas para asegurarse de que los productos sanitarios de detección del Covid-19 eran efectivos para el fin al que se dedicaban, y cumplían los requisitos administrativos para su distribución entre los hospitales y centros de salud españoles, poniendo en riesgo directo a profesionales sanitarios y pacientes, y ocasionando falsos resultados negativos de Covid-19, que han aumentado el contagio y la propagación del virus".

La Plataforma de Afectados por esta Pandemia también acusan al Ministerio de Sanidad de provocar una situación de riesgo sobre toda al ciudadanía y, especialmente sobre los profesionales sanitarios, "al no adoptar las mínimas precauciones para comprobar que los tests de detección rápida eran válidos, e impedir que falsos negativos hayan contribuido a una mayor propagación del virus Covid-19".

"Al mismo tiempo, la devolución de los tests, una vez advertida su ineficacia, y el reemplazo por unos nuevos, ha originado un retraso letal en la lucha contra el coronavirus, al desabastecer a nuestros hospitales de medios efectivos para su detección. Lejos de una visión conformista ante la situación, debemos asumir que la Administración siempre tiene, por su parte, la obligación de actuar de forma diligente y eficaz, sin ningún tipo de desidia. Desidia que, si bien siempre es repudiable cuando se trata de que se cumpla la ley, lo es más aún cuando se trata de una materia tan sensible como la que nos ocupa en una pandemia mundial", esgrimen.

La plataforma pide al Tribunal Supremo que oficie al Ministerio de Sanidad requerimiento judicial para que remita lo antes posible el expediente completo, incluyendo memorias y antecedentes, de la contratación de 659.000 kits de detección rápida a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ya se hayan adquirido directamente o a través de un proveedor español.

También que se oficie al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria para que emita informe urgente del destino y la distribución de los tests defectuosos adquiridos el Ministerio de Sanidad; que se tome declaración ante el instructor al denunciado; que se tome declaración en calidad de varios testigos, directores generales del Ministerio de Sanidad.