Plataforma denuncia a Ahora Madrid y PSOE por regularizar pisos okupados de la EMVS

Pide al juez como medida cautelar anular el acuerdo para legalizar pisos okupados

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma vecinal Madrid Lo Vale ha presentado una denuncia en el Decanato de los juzgados ordinarios de la capital contra miembros de Ahora Madrid y PSOE en el administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por presunto delito de prevaricación y desobediencia por aprobar el proceso de regularización de familias que okupaban pisos de la empresa municipal.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra la presidenta de la EMVS y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la edil socialista Mercedes González y el consejero de la EMVS José Ignacio Navas.

En el relato se explica que el Consejo de Administración de la EMVS dictó el pasado 13 de septiembre una resolución acordando los "criterios para la regularización excepcional de situaciones de ocupación de viviendas sin título suficiente, propiedad de la EMVS o cedidas a ella". Se trata de la regularización de 88 casos.

Entre otros los requisitos para poder optar a esta "regularización excepcional" se acordó que la vivienda ocupada constituya su domicilio personal o familiar permanente de forma ininterrumpida por un plazo no inferior a un año, acreditado por cualquier medio probatorio admitido en Derecho.

Además, se exige acreditación, mediante informe expedido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la EMVS, de la plena adaptación del solicitante y de cualquier miembro de la unidad familiar, a las normas de comunidad y el correcto uso de las instalaciones y mantenimiento de la vivienda.

La denuncia señala que este acuerdo se aprueba con los votos favorables de Higueras, Calvo del Olmo, Sánchez Mato, González Fernández y Navas Olóriz.

La asociación cree que "el acuerdo que se toma en el seno del Consejo de Administración de la EMVS se toma de forma completamente arbitraria y choca frontalmente con la legislación vigente".

Y señala que "la reforma se refiere exclusivamente a la supresión del requisito que impedía solicitar una vivienda a quienes hubieran ocupado sin título legítimo en los últimos diez años una vivienda cuya titularidad corresponda a la Empresa Municipal de la Vivienda, al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid".

Además, recalca que "dicho acuerdo da prioridad a aquellas personas que se encuentran ocupando de forma ilegal, por no decir delictiva, una vivienda propiedad de la EMVS frente a otras 9.000 personas que, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legalmente, se encuentran en espera de recibir la vivienda que legítimamente les corresponde".

También considera que se toma con "la finalidad de hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación". A su juicio, dichas resoluciones se dictaron como consecuencia de las acciones interpuestas por la propia EMVS durante la pasada legislatura.

Para el denunciante, el propio acuerdo denota "una clara intención de desobedecer los eventuales pronunciamientos judiciales que hubieran podido recaer sobre los ocupantes sin título legítimo, máxime si tenemos en cuenta que existen sentencias condenatorias en los 88 casos de ocupaciones ilegales".

Por todo ello, recalca que se puede interpretar que no ha existido por parte del Ahora Madrid y el PSOE una intención de regular situaciones "excepcionales", sino que, más bien, "lo que realmente se pretende es establecer un procedimiento flexible, fácil de cumplir, tendente a facilitar la regularización de situaciones delictivas sin existir marco legal alguno para poder llevarse a cabo".

La plataforma ha solicitado como medida cautelar la anulación provisional del acuerdo del Consejo de Administración de la EMVS de fecha 13 de septiembre de 2016, así como del proceso de regularización iniciado en su virtud.

Lo hace porque considera que resulta "contrario al ordenamiento jurídico y resulta lesivo para los numerosos solicitantes de vivienda de protección inscritos en el Registro de la EMVS".