MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha reclamado una "vuelta presencial y segura" a las aulas en enero y por ello, así como para afrontar la situación actual de la Educación en la región, han solicitado al Gobierno regional una reunión urgente.
"La democracia y la participación de la comunidad educativa es una práctica que nuestra Comunidad tiene la obligación de promocionar, quizá de esa manera las cosas nos irían mejor", han manifestado.
A través de un comunicado, ha recordado que ya en septiembre denunciaron "las formas en las que se iba a iniciar curso y la falta de participación y democracia por parte de la Consejería de Educación, que no contó con la comunidad educativa".
Ahora desde la plataforma han retomado las mismas denuncias "con más preocupación e incertidumbre que al inicio del curso ya que el final de primer trimestre ha resultado caótico con un porcentaje de contagios disparados, con miles de alumnos confinados y cientos de aulas cerradas".
En este sentido, ha incidido en que ya avisaron de que "el despido de cerca de 7.000 docentes para el curso 2021/2022 no era una buena decisión y mucho menos responsable". "Se ha demostrado que el notable incremento de la plantilla de docentes traía consigo una poderosa herramienta de atención educativa y una fabulosa medida sanitaria bajando el número de alumnos por aula", ha defendido la plataforma.
Otra de las cosas que han puesto de manifiesto es que consideran que durante este primer trimestre se han encontrado "con el intento del desmantelamiento del proyecto de las Escuelas Infantiles públicas 0-6 años". Esto es, a su parecer, "un horror protagonizado por la Consejería de Educación, dejando en manos de la privada la única oferta de este modelo educativo".
También han criticado que "más de 30.000 solicitantes de Formación Profesional quedaron desahuciados del sistema educativo porque la Consejería no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de la población". Por ello, han exigido "más oferta pública, planificación y responsabilidad".
Por otro parte, han trasladado que "las infraestructuras educativas siguen siendo una de las asignaturas pendientes de esta Consejería, ya no solo por las tan temidas construcciones en fases o falta de entendimiento en cuanto a las competencias en el mantenimiento de las mismas, sino en temas tan cruciales como es la urgente re9rada del amianto".
"Aún no existe una revisión y localización del amianto en los centros educativos de nuestra comunidad. Un daño en muchos casos irreversible que tiene una solución, su retirada", han recalcado.
A todo esto, le suman "el proyecto de la nueva ley educativa madrileña, llamada Ley Maestra, que parece venir a consolidar y reafirmar el proceso de privatización de la educación madrileña, descapitalizando la educación pública y vulnerando el principio de equidad e igualdad de oportunidades privando al alumnado de los centros públicos de todos los recursos que necesitan".