Podemos cree que la ley sobre vivienda protegida aprobada en comisión es un paso atrás en la venta a fondos buitre

"Donde antes había una prohibición, ahora hay una habilitación matizada tan sólo por un derecho de tanteo para las ONG", sostiene la formación

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid considera que la ley sobre vivienda protegida aprobada en comisión y que se debatirá y votará en el Pleno de este jueves supone "un paso atrás con respecto a la prohibición de ventas de vivienda protegida a fondos de inversión".

Según el portavoz en materia de Vivienda, Marco Candela, durante el debate en comisión del Proyecto de Ley sobre la compensación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, desde Podemos apoyaron las enmiendas del PSOE en tanto que recogían medidas que venían defendiendo en materia de vivienda, como la supresión del alquiler con opción a compra de la vivienda protegida.

Por su parte, Ciudadanos, cuyo voto era necesario para aprobar las enmiendas del PSOE, propuso una serie de transaccionales, entre ellas la relativa a la modificación del régimen de enajenación de vivienda protegida, que establece un "derecho de adquisición preferente para personas jurídicas de reconocida dedicación a la gestión de vivienda protegida con fines sociales".

Inicialmente, la enmienda del PSOE para añadir ese párrafo a la Ley no incluía la expresión "derecho de adquisición preferente", y es que, según Podemos, "la intención de la enmienda inicial del PSOE era poner directamente en forma de Ley aquello que se había aprobado previamente como mandato legislativo al Gobierno en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016 y que nunca se cumplió".

"El Gobierno no efectuó la reforma del Reglamento de Vivienda Pública que le mandataba la Disposición Adicional 5ª de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016 (disposición aprobada con los votos de PSOE, Ciudadanos y PODEMOS) y por eso ahora, aprovechando esta Ley, se quiso poner en forma de Ley directamente para que su vigor no dependiese del Gobierno", según la formación morada.

A juicio de Podemos, "la transaccional a la que han llegado PSOE y Ciudadanos es un paso atrás respecto de lo aprobado en la Ley de Acompañamiento del 2016", que "suponía prohibir cualquier venta de vivienda protegida que no estuviese destinada a personas jurídicas de reconocida dedicación a la gestión de vivienda protegida con fines sociales".

"Donde antes había una prohibición, ahora hay una habilitación matizada tan sólo por un derecho de tanteo para las ONG", recalca la formación morada. Además, vaticina que "el derecho de adquisición preferente que se establece en la transaccional entre PSOE y Ciudadanos seguramente no se ejercite nunca".

En este sentido, consideran que este tipo de tanteos (adelantarse en la compra pero al mismo precio) son "imposibles de realizar para ONG que no pueden competir en medios financieros con fondos de inversión del tamaño de Fidere (filial de Blackstone) o Encasa Cibeles (filial de Goldman Sachs)", como en el caso de la operación de Fidere en Torrejón en 2016. "Ninguna ONG podría haber ejercido el derecho de adquisición preferente para adquirir de golpe 1.154 viviendas", precisan.

Aunque la ley dice también que la vivienda con protección pública cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid no podrá ser objeto de transmisión a terceros distintos de los inquilinos, según el dictamen que se llevará al Pleno de este jueves, Candela ha señalado que este tipo de vivienda constituye la décima parte del parque de viviendas protegidas, y que se excluyen aquellas que son propiedad de las constructoras.

De esta forma, Podemos votó en contra de este artículo concreto, que contó con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, en la comisión, pero en el Pleno del jueves, donde se votará la totalidad del dictamen, votará a favor de la ley, al apoyar otras medidas incluidas en la misma, como que la Comunidad de Madrid se haga cargo del coste que supone para los arrendatarios de viviendas sociales la repercusión obligatoria del IBI sobre las mismas.