Podemos denuncia en Anticorrupción supuesta financiación ilegal del PP a través de empresa gestora de centro de menores

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha puesto este martes en conocimiento de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada hechos relacionados con la adjudicación de la construcción y gestión del centro de menores infractores 'Teresa de Calcuta' que supuestamente habría contribuido a la financiación irregular del PP de Madrid de la época de Esperanza Aguirre.

Según ha desgranado esta mañana la parlamentaria regional Isabel Serra en las puertas de la Fiscalía ante los medios, el 24 de noviembre de 2005 el entonces consejero de Justicia Alfredo Prada autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) y la entidad sin fines de lucro Ginso en el que se incluía la construcción de dicho centro.

"Granados aportó cuatro o cinco facturas falsas, con un valor de 160.000 euros, que probarían lo que viene a confirmar un acta notarial de Carmen Balfagón (entonces directora del ARRMI) y es que la empresa Ginso sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron. Dichos informes fueron encargados a esta empresa a través de la Agencia del Menor. El presidente de Ginso, Alfredo Santos, habría subcontratado la elaboración de dichos informes a empresas de Álvaro Renedo y German Yankee. El encargado de dicha operación según sus testimonios habría sido Alfredo Prada", ha explicado.

Serra ha explicado que en esta denuncia ponen en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que la empresa Ginso, que a día de hoy tiene un convenio "que fue hecho sin concurrencia y publicidad hace 15 años", aún vigente para la gestión de ese centro, "forma parte de un entramado de empresas, como Ibadesa, Inypsa o Isolux, que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol".

Las empresas que fueron adjudicatarias de la construcción del centro en el convenio Ginso Comunidad de Madrid fueron Icono Consultor, propiedad del presidente de Ginso y Prodos Project, participada por los dueños de Ibadesa, entre los que figuran José Herrero de Egaña López de Hierro y Javier Valero Artola, según consta en la denuncia presentada por Podemos.

"Poco después de la firma de ese convenio, Prodos firmó un acuerdo con Inypsa, según el cual se transfiere un paquete de obras valorado en 35 millones de euros, entre los que se incluía la construcción del centro 'Teresa de Calcuta'. A raíz de dicha investigación sospechamos que Prodos Proyect ha jugado un papel de sociedad instrumental al igual que otras comisionistas asociadas al Grupo Ibadesa y creemos que Ginso es una empresa instrumental y ha sido la tapadera para conectar el gobierno del PP en el año 2006 con ese entramado de empresas", continúa Serra.

La diputada madrileña ha detallado que el convenio vigente hasta 2012 que firmó Ginso sobre la gestión del 'Teresa de Calcula' con la Administración en 2006 y asciende a 157 millones de euros, y critica que se permita que esa empresa "subcontrate a una constructora que es del mismo dueño".

"Nosotros no consideramos que todo ese dinero haya ido para la financiación irregular del PP. No podemos aportar cifras, pero consideramos que hay parte de ese dinero que ha ido a ese entramado de empresas que al final nos llevan a Inypsa, Ibadesa y López de Hierro; pero es algo que tiene que investigar la Fiscalía Anticorrupción", ha añadido.

Por todo ello el Grupo Parlamentario de Podemos ha redactado una denuncia de 82 páginas en las que detallan cómo se relacionan unas empresas con otras, por lo que consideran que existen suficientes indicios para afirmar que "el convenio aún vigente firmado con Ginso no cumple con la legalidad en donde se exige la ausencia de ánimo de lucro, que esa sociedad forma parte de un entramado de empresas que han servido para recibir fondos públicos, y que esas empresas están involucradas en casos como Lezo, Púnica o Pujol".

"Consideramos que la Ley del Menor del año 2001 no se cumple en lo que tiene que ser empresas sin ánimo de lucro las que gestionan centros de menores. Lo que comprobamos una y otra vez cuando hablamos de los centros de menores de la Comunidad de Madrid, y los casos que hemos visto recientemente de desatención y trato inhumano, es que se necesitan recursos. Y es realmente grave que el PP se haya podido financiar ilegalmente con nada menos que los centros de menores y con los recursos que necesitan centros chicos en situaciones especialmente vulnerables", ha concluido la parlamentaria autonómica.