Podemos-IU denuncian por malversación a 28 responsables de la Operación Chamartín por vender terrenos a mitad de precio

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos e Izquierda Unida han presentado este miércoles una denuncia a la Fiscalía anticorrupción contra 28 responsables de la Operación Chamartín cuyos hechos podrían ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos, al entender que han propiciado que Distrito Castellana Norte (DCN), adquiriera los terrenos a mitad de precio, provocando un "menoscabo" para las arcas públicas de unos 2.700 millones de euros.

En concreto, la portavoz de Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, la portavoz adjunta, Sol Sánchez, y el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, han pedido que se investigue a los ministros que se han ocupado de la cartera de Fomento desde 1991 hasta ahora y a los presidentes de la Comunidad de Madrid y alcaldes de la capital que han firmado convenios urbanísticos sobre la operación considerados lesivos, además de responsables de Renfe y Adif y de las empresas adjudicatarias.

En particular, la denuncia se refiere a los alcaldes de Madrid Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón y a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. También incluye a la ex concejala del Ayuntamiento de Madrid Concepción Dancausa y al ex consejero autonómico y ex presidente del Canal de Isabel II Salvador Victoria.

Asimismo, enumera a los ministros Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos. También pide que se investigue a los presidentes de Renfe y Adif desde 1996 hasta la actualidad, así como al expresidente del BBVA Francisco González y a los de Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (DUCH).

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, Sánchez ha dicho que al margen de que haya 28 personas apuntadas como responsables en la denuncia, "pueden ser o menos o muchísimas más". "Entendemos que quien debe cumplir ahora con su trabajo es Fiscalía Anticorrupción y depurar las responsabilidades, porque probablemente pueden ser bastantes más de las que nosotros apuntamos", ha apostillado.

NO CITAN A CARMENA

La denuncia no cita a Manuela Carmena porque, según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Asamblea Unidas Podemos, no pueden apuntarla como responsable de una modificación puntual del Plan General que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid este lunes, aunque ha insistido en que si la Fiscalía Anticorrupción hace su trabajo podría haber "alguna implicación más".

Tal y como exponen los denunciantes, "la enorme cantidad de suelo que transmitirá Adif a Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la constructora San José y BBVA, se venderá a 769 euros por cada metro cuadrado", una operación que "supondrá un ingreso de 984 millones de euros para el gestor público de infraestructuras ferroviarias por los 1,27 millones metros cuadrados enajenados", lo que, "según los expertos del sector inmobiliario, es la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito".

Así, concluyen que "el precio actual fijado en la modificación de 2009 es claramente lesivo para la empresa pública y produce un quebranto en el patrimonio público".

Además, critican que en el primer contrato Renfe --luego Adif-- se quedaba con el 53 por ciento de los beneficios antes de impuestos, un porcentaje que después bajó al 20 por ciento y más tarde se eliminó a cambio de un pago fijo de 984 millones, cuando con el prime contrato Adif ingresaría más de 3.100 millones de euros.

Y eso, destacan, habiendo incluido el triple de suelo a la operación respecto al primer contrato de 1994, aunque en la última modificación del contrato, con Ábalos, se redujo la edificabilidad, quedando todavía un 71 por ciento por encima de la original, pero a base de subirla en aquellas zonas de mayor rendimiento económico.

"DEFICIENTE GESTIÓN"

Por otro lado, señalan que "la deficiente gestión no se queda ahí", porque "el importe de la venta lo pagará el consorcio privado en cómodos plazos de 20 años con un modesto recargo del 3 por ciento anual".

Asimismo, exponen que "los sucesivos contratos han reducido las cargas urbanísticas a las que tenía que hacer frente la empresa adjudicataria endosando las mismas a las Administraciones Públicas".

"No debería descartarse que la obsesión en mantener un contrato lesivo para los intereses generales tenga alguna relación con el cobro de comisiones ilegales o con la financiación de partidos políticos relacionados con esta dañina operación", apunta el documento presentado a la Fiscalía anticorrupción, que hace alusión a algunas "puertas giratorias".

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD

"Tras 25 años, lo que hemos visto es que se ha aprobado desafortunadamente por unanimidad y no podíamos dejar de cumplir con lo que no deja de ser la obligación nuestra como grupo parlamentario de Unidad Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie y que también lo es de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimientos de actos como estos", ha explicado Sánchez, quien ha cifrado el "menoscabo para las arcas públicas" en unos 2.700 millones de euros.

Sánchez ha hecho hincapié en el hecho de que se hayan producido unas "diferencias tan sustanciales y unas modificaciones tan grandes de unos contratos" sin que se haya producido "ni una sola licitación en todo ese tiempo", lo que ya "sería un delito".

Y es que en lugar de anularse el concurso y convocar uno nuevo al que se pudieran presentar otras empresas con otros planes, la Administración renegoció el contrato inicial con la empresa Unitaria, perteneciente al Grupo Argentaria, que para desarrollar la operación se transformó en DUCH (Desarrollos Urbanísticos de Chamartín) y posteriormente lo haría en DCN (Distrito Castellana Norte), hasta en cinco ocasiones.

Entre las diferencias entre el primer contrato y el que proyecto que salió aprobado este lunes en el Ayuntamiento de Madrid, Sánchez ha destacado lo que tiene que ver con las cargas urbanísticas, que al haberse producido diferencias de uso, pueden tener un "menoscabo directo para las arcas públicas" de más de 500.000 millones de euros.

"Tú has expropiado a gente para un uso determinado pero cuando ese uso ha sido modificado esos expropiados pueden reclamar sus derechos, y eso ahora no lo va a hacer DCN, lo vamos a pagar todos y todas a través de las administraciones públicas", ha explicado.

Sánchez ha manifestado que el primer objetivo de la denuncia es "depurar responsabilidades" y que la finalidad de Podemos e Izquierda Unida es "paralizar el proyecto", compartida con las asociaciones vecinales y movimientos sociales que han impulsado un recurso contencioso-administrativo contra, en palabras de la portavoz, "este pelotazo urbanístico, el mayor de los últimos años en toda Europa, que es tan lesivo para los intereses de la mayoría social madrileña".