Dos detenidos en el desalojo de 300 okupas, 180 niños, de un bloque de viviendas en Alcobendas

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por reclamaciones judiciales graves durante el macrodesalojo de un edificio en Alcobendas el que vivían 300 personas, la gran mayoría okupas, entre ellos 180 niños, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El primero es un hombre español del 47 años con un reclamación judicial para detención e ingreso en prisión, y otra de detención por quebrantamiento de condena y orden de alejamiento por malos tratos. El segundo es una mujer española de 55 años con una reclamación para detención e ingreso en prisión por tráfico de drogas.

El desalojo ha comenzado a las 6:15 horas de este viernes y ha terminado a las 11:15. Ha sido pacífico pero se han registrado muchos momentos de tensión, ya que muchas personas han lamentado y gritado por su situación.

El bloque de 64 viviendas, 61 de ellas okupadas, se ubica en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de este municipio madrileño. Las mayoría de las familias residían en las viviendas desde hace casi 10 años. Desde el lunes 29 por la tarde a todas se les notificó del desahucio en persona, para que retiraran los enseres, o por una orden judicial debajo de la puerta si no se encontraban ene l domicilio.

En el operativo, compuestos por 250 agentes, han participado miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sanitarios, sociales y Protección Civil, entre otros.

EL AYUNTAMIENTO ATIENDE A 24 FAMILIAS

El Ayuntamiento de Alcobendas, a través del departamento de Servicios Sociales, ha desplegado un dispositivo de atención desde el pasado lunes para todas las familias afectadas por el desalojo ejecutado esta mañana, ha informado hoy el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, han atendido a todas las personas que han acudido a Servicios Sociales y también se han desplazado trabajadores de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid hasta dicho inmueble para ofrecer a las familias todos los recursos disponibles en este tipo de situaciones.

Hasta el momento Servicios Sociales ha atendido a 24 familias, a las que se les ha ofrecido las ayudas de emergencia social que tiene el Ayuntamiento a disposición de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Estas ayudas prevén una ayuda individualizada y acorde a su situación sociofamiliar. De modo que no existe una respuesta única para situaciones diferentes, apuntan desde el Consistorio. También se tiene en cuenta la información de la que ya disponía el departamento de Servicios Sociales de las familias empadronadas en dicho inmueble y con las que ya se había realizado algún tipo de intervención.

"NOS ECHAN COMO PERROS, NO NOS MERECEMOS ESTO"

Algunas de las personas desalojadas se han concentrado a las puertas del edificio. Entre ellas, Paula Agustín que, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha explicado que entre las 60 familias desalojadas hay muchos niños, personas minusválida y otras con problemas de respiración como ella. "Ahora yo tengo que buscar un sitio para enchufar los aerosoles", se queja.

Paula reconoce que aunque la mayoría de los okupas son tranquilos y formales, algunos "han venido de fuera a traer problemas". "Son gente que no conocíamos que nos han traído desgracias. Nos han tachado de narcotraficantes y nos han acusado de tener plantaciones. Pero en todos los pisos se cuecen habas. En todos los sitios se venden droga pero van siempre a los que menos tenemos. Pero dónde nos vamos ahora. Nos echan como perros. Tampoco nos merecemos esto. ¿Me voy debajo de un puente a vivir? No me han dejado sacar absolutamente nada", lamenta.

La joven ha indicado también que el edificio pertenece a una persona que se fue a Brasil y a otra que "desapareció". "Entonces fueron metiéndose la gente. A mí mi casa la vendió una pareja diciendo que era un piso legal. Nos cobraron 200 euros por las llaves", ha apuntado.

Por otro lado, el vecino de un edificio colindante ha detallado que el inmueble okupado ha tenido cortes de luz por impago pero "luego se volvieron a reenganchar". "Ellos cuentan que tienen que vivir de las ayudas, algunos otros trabajan. Hay multitud de tipo de gente que vive aquí. Yo nunca tuve problemas con ellos. Pero sí ha habido algún problema de insalubridad", ha señalado.