MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Popular ha suspendido "de manera provisional" la denuncia que pensaba interponer esta misma mañana contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ante la "rectificación" del equipo de Gobierno por la retirada de vestigios supuestamente franquistas.
De hecho, el Ayuntamiento va a reponer la placa en reconocimiento y homenaje a ocho frailes carmelitas asesinados en 1936, situada en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. El equipo de Gobierno admitió ayer su "error". La delegada de Cultura y Deporte, Celia Mayer, escribió ayer en el diario del Ayuntamiento que "cuando se comete un error hay que admitirlo".
El portavoz adjunto popular, Íñigo Henríquez de Luna, explicará a los medios de comunicación en rueda de prensa la posición del grupo. Será a las 11 horas en la Casa Cisneros (Plaza de la Villa, 4).
DENUNCIA
En la denuncia, aplazada de momento, el PP acusaba a la alcaldesa, Manuela Carmena, y a la concejal de Cultura, Celia Meyer, de un delito de presunta prevaricación tras quitar "de forma intencionada y a sabiendas de su injusticia" varios monumentos ubicados en la capital de España ajenos al franquismo que "no vulneran" la Ley de Memoria Histórica.
El PP se refería en concreto a la retirada de una placa en el cementerio de Carabanchel en memoria de los ocho frailes carmelitas, la del monolito del alférez provisional ubicado junto al Museo del Prado y la placa referida de José García Vara, asesinado un año antes del inicio de la Guerra Civil.
Así, solicitaba la inhabilitación de la alcaldesa y de la delegada "para empleo o cargo público" durante un tiempo de "entre 9 y 15 años" según se desprende del artículo 404 del Código Penal; y, además, exigía la restitución de los escudos, insignias, placas o otros objetos ajenos a la dictadura franquista que ha retirado el Ayuntamiento "con consciente desprecio de la legalidad". "Es obvio que las resoluciones administrativas son groseramente ilegales, y por tanto, merecedoras de un reproche penal", remarcaba el escrito.
CONCULCACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
A juicio del Grupo Municipal del PP, la retirada de estos símbolos vulnera las exigencias del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. En el caso de la placa retirada en el cementerio de Carabanchel, "hace exclusiva alusión a un hecho objetivo sin incluir elemento de exaltación alguno de la sublevación de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura".
En segundo término, respecto al monolito al alférez provisional, se limita al recordatorio de las personas que encuadraron un colectivo "que luchó en uno de los bandos, tal y como por ejemplo hicieron las Brigadas Internacionales en el bando republicano y que cuentan con un monumento en Madrid, en la Universidad Complutense".
En cuanto a la placa de José García Vara, que fue asesinado más de un año antes del inicio de la Guerra Civil, el PP especifica que en el texto de la placa "únicamente se recordaba el aniversario de su asesinato".
DESPRECIO AL PATRIMONIO HISTÓRICO
Asimismo, los populares consideran un "desprecio consciente de la normativa en materia de Patrimonio Histórico, y por tanto con evidente ilegalidad", la resolución de retirada de la placa del cementerio de Carabanchel.
Según explican, este camposanto goza de la protección prevista tanto en la Ley de Patrimonio Español como de forma específica en la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid "por ser un cementerio anterior a 1936".
Esto implica, según la normativa, que debe solicitarse autorización previa a la Comunidad de Madrid, que es quien ostentan la representación en materia de patrimonio histórico.
Algo similar a juicio de los populares ocurre con la placa de José García Vara, situada en un edificio de la calle Arrieta, perteneciente al conjunto histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y dentro de la denominada cerca de Felipe II.
Cualquier actuación sobre el bien inmueble requeriría la previa autorización de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, recalca en su denuncia.
Además, el PP también expone que en el caso del monumento del Alférez provisional se encuentra en zona BIC y, por tanto, también se necesita de un informe de Patrimonio para realizar cualquier intervención, como en el caso de la placa de José García Vara
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