El prestamista Antonio Arroyo irá a un nuevo juicio por estafa en diez operaciones

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha dado por cerrada la investigación que instruía contra el prestamista Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus colaboradores por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental en relación con diez operaciones de escritura de préstamo y constitución de hipoteca cambiaria.

Así consta en un auto dictado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que concluye la investigación sobre este asunto respecto a Arroyo, María del Carmen Camblor Esteban, María Antonia Muñoz Jiménez y Jorge Cabrera Checa. Éste último por una de las denuncias.

El conocido estafador ya se sentó hace unos meses en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, pero finalmente no se celebró el juicio al estar los hechos de 2009 prescritos.

En el auto, acuerda dar tarslado a las partes para que formulen sus respectivos escritos de acusación de cara al juicio que se señala por estos hechos.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado acuerda también el sobreseimiento respecto de diversas personas contra las que se dirigían las denuncias, tenedores de las letras aceptadas por los denunciantes/querellantes, y notarios que actuaron en el procedimiento.

En el auto, la jueza establece que resulta del todo verosímil la versión que todos los denunciantes mantienen de que en ningún momento fueron conscientes de la firma de las letras y de que nadie les explicó y desconocían de forma absoluta en el momento de aceptarlas que podían perder la vivienda con la que estaban garantizando el préstamo si no conseguían afrontar el pago de las obligaciones que estaban contrayendo en los pocos meses que los títulos tenían como fecha de vencimiento.

A mayor abundamiento, indica el auto, los investigados podrían haber presentado documentos falsos para persuadir a las víctimas de las ventajas de la operación, así como el hecho de que en la mayoría de los casos hacían constar en las escrituras que entregaban a los prestatarios una cantidad económica superior a la realmente recibida.