PSOE-M pide a Ayuso que "se aclare" al llevar al TC el reparto de menores que el jueves dijo que aplicaría

Los socialistas dicen que este paso demuestra que "no tiene palabra" y que sus declaraciones tiene cada vez más "tintes racistas"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "se aclare" al anunciar este miércoles se Gobierno que llevará al Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores migrantes no acompañados procedente de Canarias que el jueves pasado dijo que aplicaría.

Así lo ha trasladado tanto la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas como el partido en sus redes sociales. "¿En qué quedamos? ¿El plan lo lleváis a cabo en los días pares y lo recurrís en los días impares? Lo dicho: racismo y xenofobia. Con los menores ucranianos no hubo problema de financiación ni de nada", ha lanzado la formación en la red social 'X'.

Por su parte, Espinar considera que este recurso demuestra que Ayuso "no tiene palabra" y que sus declaraciones cada vez más tienen "tintes racistas" porque "no había ningún problema de financiación" cuando los acogidos procedían de Ucrania.

EL RECURSO

El Ejecutivo regional ha afirmado que el reparto "carece de justificación" y no tiene en cuenta a las comunidades autónomas. Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley "infringe varios preceptos" de la Carta Magna de 1978 y es "inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Además, considera que se vulneran "sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

Paralelamente, asegura que el texto validado por el Gobierno central es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" ya que la aplicación de los criterios de reparto "carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas". "Vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados", añade.

El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala la "inadecuada utilización de la figura del real decreto ley", ya que creen esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución Española). Además, exige la "extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años".