El PSOE pide hasta cuatro años de cárcel para los seis acusados en el caso de Espionaje

Afirma que los "objetivos", Prada y Cobo, eran "rivales políticos" de la entonces presidenta Esperanza Aguirre

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso del Espionaje en la Comunidad de Madrid solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados en la causa en la que se investigan los seguimientos que se realizaron en 2008 a varios altos cargos de la región cuando estaba presidida por Esperanza Aguirre.

Así consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, en el que esta parte solicita a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral respecto al entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, su 'número dos', Miguel Castaño, tres guardias civiles y un funcionario público.

Las calificaciones jurídicas de los hechos se presentan conforme a los trámites previstos en la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, dado que el delito que se investiga es competencia de esta normativa específica. Tras la presentación de escritos, se procederá a dictar el auto de apertura de juicio oral y se elevará a la Audiencia de Madrid para su enjuiciamiento.

En el relato de los hechos, el letrado de los socialistas expone que algunas personas sin identificar "idearon" entre marzo y mayo de 2008 "la creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponente políticos las actividades, movimientos y personas con quiénes se relacionaban", coincidiendo con los preparativos del Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en Valencia en Junio de 2008.

Así se fijaron como objetivos, conforme a los documentos, al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada; al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y a la entonces diputada de la Asamblea de Madrid, Carmen Rodríguez Flores.

RIVALES DE AGUIRRE

"Todos ellos, a la sazón, eran rivales políticos tal como era de conocimiento general de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre", recoge el texto, que agrega que para ello "personas hasta ahora no identificadas y Sergio Gamón", actuando como organizadores, dieron "instrucciones a diversos funcionarios adscritos a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid para que efectuaran seguimientos al menos a las personas señaladas con anterioridad".

Para el PSOE, se tiene constancia que "los hoy imputados procedieron a realizar seguimientos de las actividades privadas a los Prada, Cobo y Rodríguez Flores en numerosas oportunidades".

Y lo hicieron, según el escrito judicial, "alejándose de los trabajos públicos que tenían encomendados y que ellos conocían perfectamente, valiéndose de los medios que tenían como funcionarios públicos y por supuesto realizándolos durante la jornada laboral".

Los socialistas destacan que todos los imputados son funcionarios y todos ellos eran "conscientes de la ilicitud de su conducta y tenían por tanto a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás efectos necesarios para su trabajo además de que durante el tiempo que hicieron los seguimientos percibieron su sueldo público".

"Es decir, queda determinado la utilización masiva de efectos públicos utilizados para fines privados y por tanto cumplido el requisito del tipo sobre el grave perjuicio para la causa pública y la conciencia que tenían los imputados de la ilicitud de tales hechos".

CALIFICACIÓN JURÍDICA

El PSOE estima que estos hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal. En cuanto a las penas, se solicitan cuatro años de prisión para Gamón y ocho años de inhabilitación para cargo o empleo público, mientras que pide tres años de prisión para el que fuera su segundo e inhabilitación durante seis años.

Para el resto de los acusados, el PSOE reclama dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante seis años.

En cuanto a responsabilidad civil, los socialistas quieren que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente como responsables civiles a la Comunidad de Madrid con 162.153 euros.

Como prueba, esta acusación reclama que declaren como testigos Prada, cobo y Rodríguez. También quiere que preste declaración como testigo Francisco Granados y la expresidenta regional Esperanza Aguirre, entre otros.