La responsable de Compras del Ayuntamiento está citada el 9 de mayo a declarar como testigo
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular que ejerce el PSOE en la causa que investiga el juez Adolfo Carretero ha solicitado que modifique a investigada la situación procesal de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, para que tenga "una adecuada defensa" al ser la persona que negoció con Alberto Luceño la operación de compra-venta de material sanitario objeto del procedimiento judicial.
En un escrito al juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, la representación legal del Grupo Municipal Soicalista y del PSOE se opone al recurso de reforma presentado por la defensa de Luis Medina contra el auto de fecha 12 de abril de 2022 en el que impugnó la presencia del Consistorio en la causa como acusación particular.
En sus alegaciones, alega que el Ayuntamiento de Madrid debe mantener su personación como perjudicado, si bien recalca que debe delimitar bien lo que es "la institución de las personas que han podido intervenir en los hechos objeto de la investigación".
En el caso de Elena Collado, solicita esta parte que para que pueda tener una adecuada defensa, debería modificarse su situación procesal en el procedimiento y considerarla como investigada, para que su declaración, que se producirá el 9 de mayo, se realice "con todas las garantías de esa condición".
Para el PSOE, "el Ayuntamiento y su representación letrada deben representar los intereses de la institución y de los ciudadanos a los que representa, debiendo cada uno de los particulares, ya sean autoridades, representantes institucionales o empleados públicos que pudieran resultar implicados o incluso responsables en la actuación delictiva investigada comparecer con su propia representación letrada o de no hacerlo, que se designe abogado de oficio, para que no exista conflicto de intereses".
Por tanto, procederá a solicitar que Elena Collado sea citada a declarar en calidad de investigada y no de testigo, para así "salvaguardar sus intereses de defensa y para que la investigación tenga todas las garantías procesales, con una representación legal distinta a la del Ayuntamiento, para que no se produzca una confusión de intereses".
"Y al igual que a la señora Collado, lo aplicamos respecto a otros posibles implicados por parte del ayuntamiento, ya que debe ser objeto de investigación en esta instrucción la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos, como precisamente apuntaba el origen de todas estas actuaciones", señala el PSOE.