PSOE y Podemos registran una Proposición de Ley contra el uso de fincas rústicas para eventos

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para derogar el artículo 9 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2012, que regula los "usos que favorecen el desarrollo rural sostenible", entre los que se autorizan las celebraciones de "actos sociales y eventos familiares de especial singularidad" en fincas rústicas.

La Proposición de Ley acordada por PSOE y Podemos responde a las reivindicaciones de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que aseguran que ese artículo ha propiciado la aparición de "un auténtico negocio de competencia desleal", según ha señalado su portavoz, Álvaro Couso, en declaraciones a los medios en la Asamblea.

Estas fincas se asientan, principalmente, en pueblos serranos y en parajes de alto valor ecológico, como en los parques regionales de las cuencas de los ríos de Guadarrama, Manzanares o Henares. Por municipios, se pueden encontrar en Chinchón, Galapagar, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odon, Valdetorres del Jarama, Torrelodones, Griñón, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Morata de Tajuña y hasta más de 30 municipios madrileños.

Según el texto de la iniciativa, el artículo que se quiere derogar "ha demostrado ser un auténtico coladero de actividades hosteleras ilegales que operan al margen de cualquier control ambiental y de legalidad administrativas, contratándose además que nada aporta al desarrollo rural de donde se realizan".

El diputado del PSOE Agustín Vinagre ha explicado que esta Proposición de Ley que proponen tramitar por lectura única intenta "paliar la situación que se está generando aquí en Madrid desde el año 2012, cuando el Gobierno del PP promulgó una Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que ha supuesto un agujero negro", una situación de "competencia desleal respecto de los hosteleros que cumplen toda la normativa ambiental, urbanística y administrativa, y que genera "perjuicios medioambientales".

Según sus cálculos, hay prácticamente un 80 por ciento de diferencia entre los gastos que tiene un hostelero que cumple todos los requisitos y las personas que de manera irregular están explotando las fincas, "incumpliendo normativa sanitaria, incumpliendo normativa laboral y todo tipo de normativa".

Por su parte, la diputada de Podemos Laura Díaz ha manifestado que el objetivo de la iniciativa es terminar "de una vez por todas" con "esta grave injusticia", que además "está causando verdaderos problemas a los vecinos".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de fincas, que ha cifrado en 64, están acogiendo eventos "prácticamente sin ningún tipo de control de la Administración", ya que en muchos casos los inspectores no pueden acceder a las mismas para hacer inspecciones de trabajo o sanitarias.

Por su parte, el representante de los empresario ha abogado por "ir a un mecanismo de competencia igual para todos y además de respeto a las normativas ambientales de forma igual para todos".

Además, ha aclarado que con esto no se impide que un empresario que quiera montar un negocio de restauración o un negocio hotelero en un suelo protegido lo haga, "pero con la declaración de impacto ambiental correspondiente, con los permisos correspondientes y con todos los trámites de cumplimiento de la ordenación urbanística".

Asimismo, ha asegurado que los empresarios han denunciado más de diez casos en los que han contado con sentencias favorables, mientras continúan denunciando este tipo de situaciones a medida que las van conociendo, pero "son procedimientos que llevan años".

EL PP PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO

Desde el PP, han señalado que ya habían registrado una Proposición de Ley por la que se modificaría el citado artículo sin derogarlo, con el fin de limitar la aplicación del mismo, en lo que respecta a las celebraciones, a las "edificaciones rurales declarados Bien de Interés Cultural, Patrimonial o que tengan algún tipo de valor arquitectónico", impidiendo así los eventos que se celebran en fincas rurales donde únicamente se instalan carpas.

Para el portavoz de los empresarios, que ha agradecido a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno su disposición al diálogo, las reformas que se les han propuesto, que no contemplan la derogación del citado artículo, "tienen muchas lagunas".