MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha registrado en la Asamblea de Madrid una interpelación para pedir explicaciones al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ante "la insostenible" situación de los juzgados madrileños, un estado del que este viernes se han quejado los jueces decanos de los 21 partidos judiciales de la región.
Así, ha destacado que los socialistas llevan desde el principios de la legislatura denunciando el "lamentable" estado de los juzgados, sin que en estos 20 meses se haya tomado ninguna medida para mejorar la situación, que ya se ha convertido en insostenible.
Tras las quejas, el consejero madrileño Ángel Garrido ha avanzado a Europa Press que la Comunidad de Madrid prevé incrementar notablemente el presupuesto para mejorar las infraestructuras judiciales de la región, dado que son "conscientes" de su realidad.
En la mañana de ayer, el Grupo Parlamentario Socialista se reunió con los cuatro sindicatos de Justicia de la Comunidad (CCOO, CSIF, STAJ y UGT). En ese encuentro todos coincidieron en "la inactividad y el desinterés" del Gobierno de Cristiana Cifuentes en resolver los problemas denunciados.
"Esta inacción y desinterés ha provocado que el deterioro de este servicio público sea ya intolerable", han subrayado los socialistas, quienes entienden que el Gobierno de la Comunidad debe comparecer con urgencia ante la Asamblea para dar explicaciones sobre qué medidas va a tomar para solucionar el lamentable estado de las sedes judiciales, en qué plazos, y con qué presupuesto, porque los graves problemas de seguridad y salubridad exigen una solución urgente e inmediata.
"Ni los ciudadanos ni los trabajadores de la Administración de Justicia pueden esperar más. El Gobierno debe asumir sus responsabilidades y tomar medidas sin más excusas ni dilación", han dicho.
Hace ya un año, el Grupo Socialista solicitó la creación de una Comisión Parlamentaria de Estudio de las Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid para auditar el estado de las mismas. Sin embargo, esta Comisión no fue apoyada ni por el Grupo Parlamentario Popular ni por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Según han criticado, el resultado ha sido un año perdido y un empeoramiento de la situación hasta niveles que producen alarma e indignación en trabajadores y ciudadanos.