Archivo - Instalaciones del CEIP Miguel de Unamuno, donde asociaciones y padres protestan por la instalación de 4 chimeneas de unas cocinas industriales frente al patio del colegio
Archivo - Instalaciones del CEIP Miguel de Unamuno, donde asociaciones y padres protestan por la instalación de 4 chimeneas de unas cocinas industriales frente al patio del colegio - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 16 junio 2022 11:14


MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista presentará en el Pleno de junio una proposición para que el Gobierno de PP y Cs "asuma el contenido de la sentencia sobre las cocinas industriales junto al colegio Miguel Unamumo, en Arganzuela, y que se revisen aquellas licencias que hayan sido otorgadas y se vean afectadas por esta sentencia".

Lo ha adelantado en un comunicado el portavoz socialista de Desarrollo Urbano, Pedro Barrero, después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid haya anulado la licencia concedida a estas cocinas industriales a partir del recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro.

En el auto el juez expone que es "indudable" que hay "perjuicios a los vecinos" derivados de la limpieza y tratamientos de residuos; de la contaminación acústica dado que el proyecto no ha valorado el ruido provocado por los vehículos y o motocicletas destinadas al reparto de comida a domicilio a establecimientos de restauración, comercios y particulares, y la afección a la movilidad urbana. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando la sentencia.

"Nos unimos a la campaña de los padres del colegio para pedir que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no recurra porque incumplen sus propias normas urbanisticas concediendo la apertura de este tipo de cocinas en zonas residenciales. No se puede seguir implantando una actividad económica que genera molestias, olores, impacto en la movilidad, en residuos y en contaminación acústica y atmosférica", ha alegado el socialista.

Y unido a que "no existe tampoco la debida acción inspectora". "Creemos que el Gobierno no debería recurrir y aplicar las propias normas urbanísticas para que este tipo de actividad económica no se implemente en zonas residenciales", ha concluido.

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