MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha explicado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros para "defender los intereses de la propia Administración pero sobre todo también los intereses de los afectados".
En declaraciones a los medios, Pérez ha precisado que "hay más de mil afectados que han comprado ya su vivienda y que en este momento pueden tener la intranquilidad de no saber qué va a pasar con su vivienda".
Estos son particulares que "después de un periodo en el que estuvieron disfrutando de unas condiciones de protección decidieron comprar esa vivienda al fondo", de manera que "son terceros afectados que de buena fe compraron su vivienda y que ahora se pueden ver perjudicados por esta sentencia".
"También para defender a esas personas la Comunidad de Madrid tiene que agotar sus recursos a la hora de defender los intereses de esas personas y de la propia Administración", ha insistido el consejero de Vivienda, quien ha reiterado el compromiso del actual Gobierno de no volver a recurrir a este tipo de operación.
Aunque ha considerado "prematuro" adelantar qué pasará si el Tribunal Supremo desestima el recurso de Abogacía General de la Comunidad de Madrid, fechado el 13 de enero de 2020, ha avanzado que, en ese caso, "el siguiente paso ya sería un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".
"Ahora el paso procedimental que correspondía era presentar este escrito de nulidad para el que había una fecha tope que vencía justo estos días y a partir de ahí esperaremos a ver qué se resuelve sobre ese escrito y en función de eso ya nos plantearíamos otros pasos", ha manifestado.
Pérez ha indicado que el Gobierno regional no ha mantenido conversaciones con los citados afectados, al tiempo que ha aseverado que "en este momento, lo que correspondía, una vez consultada la Abogacía General, era presentar este escrito".
"Hemos explicado en ese escrito las razones por las cuales entendemos que ese auto pudiera incurrir en alguna causa de nulidad y a partir de ahí esperaremos y como siempre acataremos cualquier decisión de la Justicia sobre una venta que se produjo hace muchos años", ha apostillado.
En esta línea, ha señalado que este Gobierno "ahora se ha encontrado esta sentencia", que ratifica la anulación de la operación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al desestimar los recursos de casación ante esta sentencia, y "tiene que tomar las medidas legales que correspondan y, consultada la Abogacía General, lo que correspondía ahora era presentar este escrito de nulidad y esperar una decisión en ese sentido".