MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Municipal de Madrid ha llevado a cabo una operación esta semana en la que han confiscado en varios establecimientos más de 1,2 millones de productos cosméticos potencialmente peligrosos para la salud, ha confirmado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.
Esta operación inspeccionaron tres almacenes asociados a la misma marca comercial: dos ubicados en Usera y uno cerca de la calle Bravo Murillo. Uno de ellos no tenía ventilación y presentaba graves fallos en higiene y seguridad, almacenaba alrededor de 3.500 litros de sustancias altamente inflamables, como disolventes, acetona y geles hidroalcohólicos poniendo en peligro a los empleados y a los vecinos.
Otro de los almacenes albergaba mil cajas de esmaltes de uñas que contenían componentes tóxicos como formaldehído y benzofenona, los cuales eran vendidos a salones de belleza. Además, las instalaciones presentaban serios problemas eléctricos, con cables expuestos y conexiones improvisadas, sin sistemas básicos de extinción de incendios.
En total, los productos ilegales almacenados incluían materiales altamente peligrosos que incumplían las normativas de seguridad e higiene, representando un riesgo significativo para la salud pública, ha detallado el diario 'El Mundo'.
OPERACIÓN COORDINADA Y RED DE CONTRABANDO
La operación fue posible gracias a la colaboración entre diversas entidades, como el Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, las juntas municipales de Usera y Tetuán, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Agencia Española del Medicamento y el departamento de bomberos de Usera.
Según las autoridades, los productos confiscados, provenientes de China, carecían de la documentación obligatoria para su ingreso en Europa. Esto ha llevado a las autoridades fiscales a investigar una posible red de contrabando vinculada a esta empresa.
El caso ha sido remitido a la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, que ahora investiga posibles delitos contra la propiedad industrial y la distribución de cosméticos con componentes tóxicos.
Durante la inspección, los agentes también encontraron productos precintados hace más de un año que, según la normativa, deberían haber sido destruidos en un plazo de 15 días. El responsable del negocio admitió conocer esta obligación, pero alegó dificultades logísticas para deshacerse de los artículos.