MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de LARES, asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario, Juan José García Ferrer, ha asegurado este viernes que durante algún tiempo en la primera ola de la pandemia del coronavirus las ambulancias y funerarias llegaron tarde a sus centros y no pudieron derivar a enfermos a los hospitales.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que analiza lo ocurrido en las residencias de mayores entre febrero y junio de este año, García Ferrer ha explicado que su grupo estableció un gabinete de crisis en toda España a principios de marzo para evaluar lo ocurrido, pidieron la declaración del estado de alarma y la intervención de la Unión Europea.
Según ha explicado, en el contexto de dicho gabinetes conocieron la existencia de los polémicos protocolos de la Comunidad en la que se excluían la derivación a usuarios de geriátricos con determinadas discapacidades o comorbilidades. "Sí que comprobamos y constatamos que, al igual que en el resto de España, había dificultades para el traslado hospitalario", ha aseverado.
No obstante, el secretario general de LARES ha asegurado que en la primera ola consiguieron derivar a unas 400 personas de las 2.500 que asisten. De ellas, 320 fueron entre el 18 y el 31 de marzo. A diferencia de comparecientes anteriores en la comisión, ha asegurado que tuvieron más dificultades de derivación a hospitales en abril que en marzo. "Estoy absolutamente seguro que en igualdad de derechos hubiera situaciones que podíamos haber solventado", ha apostillado.
El interviniente en la comisión ha expresado el "dramón increíble" que vivieron esos días también por la falta de comunicación de residentes con sus familiares y sobre los contextos de duelo y final de la vida, intentando garantizar dicha comunicación.
García Ferrer también ha contado que no hubo material suficiente en los centros en el punto álgido de la crisis. "Hubo algunas residencias que tenían la posibilidad de comprar material y al principios del mes de marzo compraron; pero otras viven al día, sin apoyo de las administraciones públicas. Mi convicción es que los equipos sanitarios corresponden al sistema sanitario público, que quiere escaquearse de todos los sitios. No sé lo que hizo la Comunidad pero la realidad es que no había mascarillas, material, PCR y los test eran una vergüenza (en fiabilidad)", se ha quejado.
El compareciente ha indicado que la relación con la Consejería de Políticas Sociales fue muy fluida y más continua que con la de Sanidad, "pero no eficiente", mientras que con el Ministerio de Derechos Sociales fue prácticamente nula. Y es que reprocha que el mando único del Gobierno de España no tomara decisiones de más calado y dejara casi todo en manos de las comunidades.
"Si habitualmente hay problemas para encontrar personal, en un contexto del 30 por ciento de bajas es muy complicado. Nos decían que hay que llevar las mascarillas, pero si no hay no se puede hacer nada. Desde en Ifema podía haber dado más material a residencias", ha manifestado.
Sin test fiables, el secretario general de LARES ha reconocido que la sectorización de las residencias "se hizo como se pudo". "El problema que había era con los asintomáticos, sobre los que desde el principio no se sabía mucho. Además, es complicado porque la arquitectura de muchos centros no lo permiten. No son inmuebles preparados para atender este tipo de situaciones. El 20 por ciento de las habitaciones son individuales. No siempre era posible mantener la deambulación", ha afirmado.
Además, casi el 60 por ciento de los usuarios que atienden tienen problemas de demencia "y les matas si las aíslas". "Pedían que las personas errantes tuvieron un espacio, pero era imposible ejecutar esas órdenes. Y a una persona con demencia no le puedes poner en la tablet interactuar con sus familiares. Era una medida bien pensada, pero que en la práctica no puede producirse para estas personas", ha relatado el compareciente.
CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID, LAS REGIONES MÁS AFECTADAS
Juan José García Ferrer, que coordina las residencias del grupo de toda España, ha señalado que la incidencias del Covid en sus centros de Castilla-La Mancha y Madrid fueron "las más afectadas" en porcentajes. Le siguieron Navarra, Cataluña, La Rioja, Aragón y Castilla y León.
Según los datos que ha aportado, de las 1.600 personas que cuidan en sus residencias, murieron por coronavirus 363 ancianos y ha habido 500 fallecidos.
Como resumen, el secretario general de LARES considera que errores más determinantes de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemias es que se centró en solucionar el colapso sanitario de las UCIS frente a la atención a geriátricos y también el marco de relación con la Atención Primaria en determinados momentos con los centros.
El compareciente en esta comisión de investigación ha apuntado que las empresas de riesgos labores no han actuado con la diligencia que a su juicio deberían haber actuado y esos servicios de prevención fueron "insuficientes".