Reyero traslada al juez la situación "anormal" en una residencia y ratifica la ausencia de derivaciones

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) - El exconsejero de Asuntos Sociales Alberto Reyero ha explicado este martes ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba la situación "anormal" que se vivió en una residencia de ancianos durante la primera parte de la pandemia de Covid-19, con la ausencia de derivaciones a hospitales de contagiados por SARs-CoV-2 durante las primeras semanas.

"Realmente no se produjeron derivaciones durante las primeras semanas. De hecho con los datos que yo tengo de las personas fallecidas, a finales del mes de abril, habían fallecido 16 personas en la residencia y solo tres en los hospitales, lo cual indica la situación anormal que se produjo durante esos días", cuando lo habitual es "un 20% de fallecimientos en residencias y el 80% en hospitales".

Reyero ha declarado este martes ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba en el marco de una de las causas en las que se investigan los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales en el inicio de la pandemia, centrándose en un caso concreto en uno de los residentes de un centro que falleció.

Tanto él como el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur han sido llamados a declarar después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligara al magistrado a reabrir este procedimiento seguido contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos.

En este sentido, el exconsejero de Ciudadanos ha explicado que ha tenido oportunidad de comentar la existencia de los protocolos y el desarrollado en esas fechas, que sobre todo es el mes de marzo del año 2020, aunque ha indicado que no ha sido interpelado por "nada relacionado con la Comunidad de Madrid".

"Me ha preguntado sobre quién era el responsable de esos protocolos, si era la Consejería, si yo era el responsable o no, pero dentro de lo que es la dinámica habitual, y no en una situación concreta sobre la presidenta o los consejeros que estaban querellados", ha indicado.

En esta línea, ha indicado que es "una situación un poco peculiar" al estar aforadas las personas querelladas pero, en cualquier caso, ha destacado la presencia de la Fiscalía y ha indicado que él ha ofrecido "alguna explicación adicional" sobre el plan de choque aunque no le han preguntado "nada en concreto".

Los magistrados estimaron un recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acordaba que continuara la investigación respecto sobre ellos "con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro".

En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condición de aforada.

"Yo he manifestado lo mismo que he manifestado en mis otras comparecencias. En este caso concreto, como ya ocurrió en la anterior, la magistrada tenía interés exclusivo en que habláramos de este caso concreto. Y yo siempre digo que yo como consejero era responsable de 50.000 residentes en toda la Comunidad de Madrid y sobre casos concretos es difícil que yo dé mi opinión", ha explicado al término de su declaración.

En la resolución, el juez citaba al consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, Alberto Reyero, al el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, y a la entonces directora de general de Salud Pública, Yolanda Fuentes.

Según ha explicado Carlos Vila, el abogado de la persona fallecida y letrado de Marea de Residencias, Reyero ha explicado a la juez que trasladó al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su oposición a la aplicación de las escalas Barthel y GDS --que miden la movilidad funcional y los problemas psíquicos de los ancianos para decidir las derivaciones-- en un correo electrónico en el que también estaba en copia Carlos Mur.

"Él protesta por esta situación porque considera que eso puede ser delictivo y que le manda correo a Ruiz Escudero y a Mur en copia. Mur dice que lo contestó y que él tampoco estaba de acuerdo con esa directriz", ha indicado el letrado.

Sobre este punto, Carlos Mur ha reiterado en su declaración que, aunque estaba en contra, lo firmó porque está de acuerdo con "el 90 por ciento" y ha insistido en que "no eran obligatorios", según el letrado.

Durante esta jornada también ha declarado la médico de la residencia donde murió esta persona, que ha defendido ante el juez que intentó derivar al paciente hasta en tres ocasiones, pero que la geriatra de enlace no lo permitió alegando la falta de movilidad. Según dijo, lo único que se hizo fue mandar una UVI móvil "el día antes de su muerte".

Según ha explicado Carlos Vila, esta facultativa ha defendido que el paciente debería haber sido trasladado y así lo comunicó a la médica de enlace, quien era la responsable de la decisión final, y ha defendido que para ella los protocolos "eran de obligado cumplimiento".

La juez llamará a declarar en próximas fechas, ha explicado, tanto a Yolanda Fuentes, que no ha acudido este martes "al no haber podido ser localizada por la juez", como a la médico forense responsable del informe para "que ratifique", ha explicado el letrado.