Sabanés acusa a Gallardón de plantear la M-30 bajo modelo 'esta ronda la pago yo' y con prisas por plazos electorales

El paso de un tipo de empresa a otra se debió, según la argumentación de Sabanés, a "intentar que no computara como deuda" para el Ayuntamiento

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS)

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, miembro del consejo de administración por IU durante la reforma de la M-30, ha señalado directamente al exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón como el responsable de plantear los trabajos de la vía de circunvalación bajo el modelo 'esta ronda la pago yo', unos trabajos que se hicieron "eludiendo elementos como la Declaración de Impacto Ambiental y todo con rapidez para cumplir con un plazo electoral".

   Así lo ha declarado durante su comparecencia en la segunda sesión de la comisión de investigación relativa a la empresa mixta Madrid Calle 30, en la que ha destacado que IU ya denunció públicamente "que al final el coste de la obra correría a cargo del Ayuntamiento, que no podía asumirlo o le generaría una inmensa deuda". Sabanés formó parte del consejo de administración mientras que la sociedad fue cien por cien municipal. La oposición fue sacada del mismo cuando pasó a mixta.

   En este momento, con modelo mixto, la oposición ha vuelto al consejo. En la actualidad el socio privado sigue "obteniendo rentabilidad" por "los sucesivos modificados del contrato, por préstamos e intereses que han afectado negativamente al Ayuntamiento". Desde Ahora Madrid se trabaja en modificar el sistema de gestión para volver a otro que "salvaguarde el interés municipal".

TRASLADO "INOPORTUNO" DE FOMENTO AL AYUNTAMIENTO

   La edil, a preguntas de Cs, PSOE y PP, ha contestado que el traslado de la titularidad de la vía de circunvalación desde el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento fue "totalmente inoportuno", cuestión que elevó a la UE por la fórmula escogida, marcada por la falta de información y participación para oposición y ciudadanía en un proyecto de esta envergadura y por el salto de pasos de la directiva europea, como esa elusión de la Declaración de Impacto Ambiental. Ese requerimiento puede llegar a paralizar una infraestructura si los perjuicios son mayores que los beneficios. Se saltó dividiendo la obra por tramos.

   En un principio la empresa era cien por cien pública para después pasar a un "modelo peculiar de sociedad mixta". El paso de un tipo de empresa a otra se debió, según la argumentación de Sabanés, a "intentar que no computara como deuda" para el Ayuntamiento. A esto ha sumado que no consta una memoria comprensiva que justificara el cambio de modelo, como recoge también el dictamen del Tribunal de Cuentas. "No existió la adecuada justificación", ha remarcado.

UE PLANTEÓ "REPARACIONES"

   IU acudió a la comisión de peticiones de la UE, cuyos comisarios se trasladaron hasta las obras. Declararon que pedirían "reparaciones" por los impactos calculados y por la falta de información pero, "cuando se aclararon, la obra había finalizado".

   Como ejemplo de esa falta de información, el concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato ha mostrado una nota enviada por el consejo apoderado de Madrid Calle 30, Ignacio Iturbe, al coordinador de Seguridad, Fernando Autrán, en la que apuntaba que, ante la petición de informació de IU, habían puesto "todos los inconvenientes posibles".

   Sabanés, por otro lado, ha aseverado que el desequilibrio económico "era evidente desde el principio", no sólo desde la modificación contractual de 2007. Y es que, según los datos aportados por la delegada, se pasó de los 1.700 millones de euros inicialmente presupuestados a los 2.500 millones de la adjudicación final hasta los 3.700 millones de presupuesto real (3.100 según el PP). "Los modificados del contrato tenían una envergadura que no se correspondía con la vigilancia que el Ayuntamiento tenía que haber hecho", ha lanzado.

   Preguntada sobre la seguridad de los túneles, Sabanés ha puesto el acento en "el interés por inaugurar y cumplir los plazos electorales", una "velocidad" de inauguración que llevó a IU a plantear una reclamación ante el Defensor del Pueblo.