MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado 29 de mayo contra el Ministerio de Hacienda por su rechazo al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el recurso presentado ya se ha admitido a trámite y ahora el Tribunal madrileño se tiene que pronunciar sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Manuela Carmena.
El departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro denegó la aprobación definitiva del PEF 2017/2018 del Ayuntamiento. En el recurso presentado, de 39 folios, se aborda la solicitud previa de acuerdo de no disponibilidad de créditos por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016.
El Gobierno municipal defendió entonces que puede haberse dado una incorrecta interpretación de la ley y una incongruencia jurídica, que colocarían al Consistorio en una situación "de indefensión". Es por eso que solicitaron medidas cautelares por la vía contencioso administrativa.
Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, el Tribunal emitió dos días después de la presentación del recurso una diligencia donde se ordena formar pieza separada de medidas cautelares, da al Ministerio un plazo de 20 días para que envíe el expediente administrativo y le concede 10 días para alegaciones sobre la medida cautelar.
Asimismo, han señalado que las resoluciones emitidas por el Ministerio "no son conformes a derecho" y sí "perjudiciales para los intereses del Ayuntamiento de Madrid", tal y como figura en el escrito remitido por vía telemática al TSJM. El recurso apunta la paradoja de que el Ayuntamiento "cumple los requisitos exigidos en el artículo 135 de la Constitución y en la normativa europea, pero incumple con la regla de gasto en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Mientras la Justicia decide, el Pleno Ordinario del pasado 31 de mayo aprobó los últimos acuerdos de no disponibilidad de crédito para alcanzar la cantidad requerida por Hacienda, 238 millones. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, constató que la adopción de esta medida no afectará a ninguna inversión ni política pública, puesto que se habían encontrado vías de financiación alternativa para todas ellas.