El TSJM estudiará el 28 y 29 de noviembre los recursos del PP y la Comunidad contra Madrid Central

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudiará los días 28 y 29 de noviembre los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y el Grupo Municipal Popular contra la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento que regula Madrid Central, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Será la Sección Segunda la que se pronuncie sobre si paraliza de forma provisional o no la puesta en marcha del proyecto del Gobierno de Manuela Carmena para reducir el tráfico en el centro de la capital tomando como modelo ciudades europeas como Berlín o Londres, cuya puesta en marcha está prevista para dos días después, el 30 de noviembre.

De este modo, deliberará sobre el recurso contencioso-administrativo presentado este miércoles por el Gobierno regional que dirige Ángel Garrido contra la entrada en vigor de Madrid Central, al entender que se ha llevado a cabo una tramitación "incorrecta" por, entre otros motivos, la falta de informes, la afectación a competencias autonómicas o el no haber estado sometido a información pública y audiencia correctamente.

En el recurso se solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 5 de octubre, así como la suspensión cautelar de su entrada en funcionamiento prevista para el 30 de noviembre.

También esta semana el Gobierno regional presentará un segundo recurso que está ultimando y que irá contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de octubre, por el que se desarrolla el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. El objetivo, según ha explicado el presidente madrileño, "es defender tanto la salud como los derechos generales de todos los madrileños".

El pasado 29 de octubre, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, anunció la interposición de otros dos primeros recursos y esgrimió que el decreto se firmó "sin previo aviso" debido a una "voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad".