LEGANÉS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El partido independiente Unión por Leganés (ULEG) ha anunciado este lunes que trasladará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas documentación de varias contrataciones y actuaciones presupuestarias del Ayuntamiento de los últimos años que habrían generado "deudas millonarias", que el Gobierno local (PSOE e IU-CM) ha atribuido a sentencias judiciales que hay afrontar "por ley", independientemente de que se esté de acuerdo con ellas.
En este sentido, los independientes han adelantado que en esa documentación se incluirá el expediente de la expropiación del Parque Picasso (donde un juzgado ha condenado al Ayuntamiento a afrontar en 6 millones de euros por una expropiación de hace más de 25 años) o los 2 millones por los terrenos militares donde se asentó el bulevar de Paquita Gallego (de hace varios años).
Además, han asegurado que aportarán a Fiscalía los 1,5 millones de euros por "rescindir a las bravas un contrato de mantenimiento de vía pública" o la permuta de los terrenos de la Finca de la Mora (que se quedó el Ayuntamiento) por otros valorados en mucho más dinero en el centro comercial 'Plaza Nueva'.
"Estos alcaldes y ediles, tanto del PP como del PSOE, han de responder con su dinero y patrimonio, ya que alegre e ineptamente han dilapidado el de todos los vecinos", han señalado desde ULEG, que han apuntado a supuesto pacto tácito entre PSOE y PP para "tapar" su gestión.
8 MILLONES EN SENTENCIAS
Por su lado, el Gobierno local ha manifestado que, aunque no está de acuerdo con muchas de las sentencias condenatorias que llegan, debe "cumplirlas porque así lo impone la ley".
De hecho, durante la presente Legislatura, el Ejecutivo ha afrontado ya unos 8 millones en pago por sentencias judiciales, muchas de ellas, "históricas", como la del Parque Picasso.
Las mismas fuentes --que han desmentido cualquier tipo de pacto con los 'populares'-- han precisado que no habría nada irregular en los expedientes a los que alude ULEG porque, según han subrayado, todos ellos están fiscalizados a través de diversas vías.
Una de ellas sería la Cámara de Cuentas de la propia Comunidad de Madrid y otra, la de los funcionarios habilitados nacionales del propio Ayuntamiento, que "velan por que todo se ajuste a la legalidad".