MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (Unijepol) ha remitido una carta al director general de Seguridad e Interior de la Comunidad, solicitándole que, con carácter de urgencia y hasta la aprobación de un Reglamento de Armamento más completo la Administración autonómica apruebe una norma que establezca como reglamentarias las armas largas.
Concretamente, piden que se incorporen las escopetas policiales del calibre 12 milímetros, las armas no letales del tipo TASER y los accesorios que, sin modificar la potencia ni las características esenciales de las actuales pistolas, permitan su utilización en condiciones similares a un arma larga, como por ejemplo el kit de conversión de arma corta a arma táctica denominado 'Roni'.
Unijepol argumenta su solicitud en las características de los recientes atentados terroristas sufridos en España y diversas ciudades europeas, que han puesto de manifiesto que este tipo de acciones pueden ocurrir en cualquier lugar público que reúna grandes concentraciones humanas, "que son precisamente aquellos donde existe una mayor presencia de las patrullas de las Policías Locales, por lo que la posibilidad de que sean ellas las primeras en afrontar este tipo de situaciones son muy elevadas".
La asociación de jefes policiales considera que, para garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos y la de los propios policías locales, no se debe esperar a la aprobación de una nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales y a la posterior publicación de un deglamento de armamento y medios técnicos de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, para disponer "de instrumentos más eficaces para afrontar los riesgos que presenta el terrorismo yihadista y otras formas violentas de delincuencia".
El único impedimento que esgrime la Intervención de Armas de la Guardia Civil para impedirlo es la inexistencia de una disposición de la Comunidad de Madrid que establezca como reglamentarios tales medios de defensa. A criterio de Unijepol, se trata de un impedimento "alegal y arbitrario".
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ya dispone de una norma reglamentaria de estas características y, muy recientemente, la Comunidad Valenciana anuncio que está preparando una norma similar. El Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) y otros sindicatos y asociaciones también apoyan estas propuestas.