Los barrios denuncian un trato discriminatorio y piden al Ayuntamiento que rectifique
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Vecinos de los madrileños distritos de Usera y Villaverde han vuelto a salir a la calle este domingo para protestar contra el crematorio de la M-40 que el Ayuntamiento quiere ubicar en la avenida de Los Rosales, cerca de zonas residenciales.
Cientos de personas han protestado frente al tanatorio de la empresa Parcesa después de que el Gobierno municipal concediera este 23 de agosto una licencia para las obras del crematorio, un proyecto que, según denuncian las asociaciones vecinales, ya se quiso impulsar en 2002, en 2015 y en 2021.
La principal queja es que el crematorio vaya a situarse a "250 metros de viviendas, parques, institutos, colegios, escuelas infantiles, centros de trabajo y centros comerciales", con los restos contaminantes que se expulsarán.
El presidente de la Asociación Vecinal de San Fermín, Víctor René, reprocha tanto a Comunidad como Ayuntamiento que siga con el proyecto a pesar de tener "documentos oficiales" que "consideran contaminante" la instalación del crematorio. En la misma línea, el concejal de Más Madrid Félix López Rey ha expresado desde la marcha que "el sur es el vertedero de toda la ciudad".
"Según los que han hecho los análisis pertinentes, la incineración de cadáveres, o sea, un crematorio, produce emisiones de monóxido de carbono, partículas sólidas, sustancias altamente tóxicas para las personas", ha criticado René, quién considera que "si no hay una técnica que diga emisión cero", el crematorio debe reubicarse.
Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, considera que "la autorización ambiental que ha dado la Comunidad de Madrid no se fundamenta técnicamente".
"A día de hoy lo que ha demostrado la licencia es que no hay ningún elemento tecnológico que permita evitar ese tipo de daños ambientales a la población y a día de hoy la única herramienta que existe es la distancia", ha defendido haciendo referencia a que las instalaciones tendrían que colocarse más alejadas de viviendas de lo que proyecta el Consistorio.
En 2021 el Tribunal Supremo ordenaba que el Ayuntamiento resolviera la negativa en el punto referido a la distancia por considerarla una normativa antigua, de 1985. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, la actualizó. La norma en vigor recoge que los hornos crematorios deberán instalarse con su foco de emisión siempre a un mínimo 250 metros respecto a zonas donde hay una presencia habitual de personas, como pueden ser viviendas o colegios.
DENUNCIAN TRATO DESIGUAL CON RESPECTO A OTROS BARRIOS
Nacarino denuncia que "llueve sobre mojado" en lo que se refiere a colocar instalaciones que generen residuos en el sur de la capital. "Estamos hablando del barrio de San Fermín, estamos hablando del sureste de Madrid, y desgraciadamente estamos en una región y una ciudad ampliamente desigual, en la que casualmente casi siempre todas esas instalaciones que nadie quiere, tradicionalmente suelen estar en el barrio", ha defendido.
En el mismo sentido se ha expresado el concejal Feliz López-Rey, que ha sentenciado que "el sur es el vertedero de la ciudad" y que "todo aquello que ellos (el Ayuntamiento) no quieren lo trasladan" a los barrios de la zona.
El edil se ha dirigido directamente al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante: "Que lo lleve (el crematorio) a donde van seguramente sus hijas cuando van a ver a su abuelo, a la zona de Cardenal Herrera Oria, que se lo lleve para allá. Literalmente es no tener vergüenza porque están incumpliendo las propias ordenanzas municipales."
"CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE"
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han recalcado que la concesión de la licencia urbanística a Parcesa para construir un horno crematorio en sus instalaciones del tanatorio de la M-40 cumple con la legislación vigente y obedece a una sentencia del Tribunal Supremo que hay que cumplir.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto con Carabante, han defendido la autorización medioambiental del Gobierno regional y la concesión de licencia por parte del Consistorio a esta instalación, rechazada en tres ocasiones anteriores.
El Ayuntamiento dio luz verde el pasado 16 de agosto a la solicitud de licencia urbanística tras la revisión de la documentación por parte de los servicios técnicos al considerarla "conforme con la ordenación urbanística aplicable" y en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo (TS), con la autorización ambiental previa de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Supremo ordenó al Consistorio en 2021 dictar una nueva resolución. De este modo, la licencia ahora concedida, es "por acatamiento y cumplimiento firme" de la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021.