Critica esa "imposición de los comunistas" y recuerda que "muchas instituciones y empresas "no podrán acoger" alumnos en prácticas
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha alertado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, de los "efectos perversos" de que los estudiantes coticen por sus prácticas, una "imposición de los comunistas" que ha llevado a que "muchas instituciones y empresas" hayan anunciado que "no podrán" acogerlos.
En la misiva, con fecha del pasado 2 de noviembre y que el propio Viciana ha compartido a través de sus redes sociales tras referirse a ella en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de este miércoles, el consejero muestra al ministro las "múltiples contradicciones, omisiones y problemas técnicos" que su Ministerio y los de Educación y Formación profesional y Universidades "han pasado por alto" a la hora de aprobar la disposición adicional quincuagésimo segunda del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se modifica el RDL 2/2023, en cuanto a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley General de la Seguridad Social, en lo que concierne a las cotizaciones a la Seguridad social de los estudiantes en prácticas.
Según subraya en la carta, los "perjuicios" de dicha cotización para estudiantes para los alumnos de Formación Profesional y universitarios, así como para sus familias y para las empresas e instituciones que los acogerían en sus prácticas curriculares y no remuneradas, "son tantos y tan graves que no pocas de estas últimas ya han anunciado que renuncian a acoger más estudiantes".
Para Emilio Viciana, la cuestión "va mucho más allá" de que hayan de "cotizar por aprender", al ser prácticas necesarias para titular, sino que la medida resulta "inaplicable en la práctica" porque "está desincentivando a las empresas e instituciones; provoca inseguridad jurídica; da lugar a desigualdad y exclusión del alumnado en situación irregular o de desempleo; y pone en peligro el sistema de prácticas y el tejido productivo que conecta la FP y las universidades con las empresas, que es un éxito de todos".
El consejero lamenta que en la reunión del pasado mes de octubre con la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social "no sólo no se aclaró ninguna duda ni se ofreció solución alguna", sino que "más bien se pretendía conocer por su parte cómo la Comunidad Autónoma de Madrid iba a afrontar dicha obligación de cotizar a partir de enero de 2024".
"DIFICULTADES, OMISIONES Y CONTRADICCIONES"
Entre las principales "dificultades, omisiones y contradicciones técnicas de la medida", Viciana describe en su carta contradicciones normativas, ahonda en la situación del alumnado a distancia y del alumnado en situación irregular en España y cuestiones de aspecto laboral como la incompatibilidad de las prestaciones por desempleo con prácticas formativas o no, el pago de la acción protectora.
También se pregunta el titular de Educación en su carta "qué ocurre con el alumnado que realice la formación en una administración pública" y por la incompatibilidad del seguro escolar y del nuevo régimen de afiliación, al tiempo que pone sobre la mesa la "inexistencia" en los centros educativos de cuenta de cotización ni de personal experto en la gestión diaria de los trámites de la Seguridad Social.
Por otro lado, pone el foco en el régimen sancionador a las empresas e instituciones, penalidades "inasumibles", especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que "son la mayoría en España", recuerda Viciana y que está llevando al rechazo a tomar alumnos en prácticas, explica.
La cotización del alumnado extranjero que participa en el programa Erasmus o de alumnos de enseñanzas de régimen especial son otras cuestiones que, tal como le traslada Viciana al ministro en funciones, "no están contempladas en la norma y provocan desamparo e inseguridad".
Asimismo, Emilio Viciana alude a las dificultades en la gestión para las administraciones públicas y advierte a Escrivá de que el aplazamiento de su entrada en vigor "tampoco es la solución", por lo que concluye la misiva reclamando la "derogación" de esta medida "lo antes posible" para "evitar el perjuicio que sin duda va a producir".
Esta carta se suma a otra enviada anteriormente por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en este caso el pasado 16 de octubre, sobre la misma cuestión.