El sector de la automoción considera que el Plan Renove 2020 del Gobierno "paralizará" el mercado

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la automoción español considera que el Plan Renove 2020 en el que trabaja el Gobierno con el objetivo de retirar del parque móvil los coches más antiguos "paralizará" el mercado, pues anuncia ayudas con "demasiado tiempo de antelación".

Los principales agentes de la industria automovilística española advierten de un posible estancamiento de las ventas, debido a que todo usuario que no tenga prisa por adquirir un vehículo nuevo esperará hasta la aprobación de los incentivos por parte del Ejecutivo para cambiar su automóvil antiguo por uno más respetuoso con el medio ambiente. Por este motivo, creen que no es lo más adecuado comunicarlo públicamente hasta el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros.

"Cuando se comunican fechas o una premura de que un Plan Renove va a venir lo que produce es un parón en las ventas, porque la gente quiere beneficiarse de ese dinero adicional en el cambio de coche. Es buena la parte en la que la ministra de Hacienda dice las bondades del plan, pero se podría haber evitado decir fechas", argumentan.

Según explicaron fuentes del sector a Europa Press, el acuerdo estratégico en el que está trabajando el Ejecutivo con el sector sería un marco adecuado para establecer cómo ha de ser el plan anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde la industria automovilística española piden que, en cualquier caso, ha de vincularse a una fiscalidad verde para el automóvil y con un impulso de los vehículos de energías alternativas. "Cualquier medida para renovar el parque debería además tener una continuidad suficiente para que surta efecto", añaden.

Montero explicó, sin entrar en detalles, que el Ejecutivo trabaja en un plan para que las personas que disponen de menos renta puedan acceder a un cambio de su vehículo. Se trata así, según la propia ministra, de renovar toda la flota que está produciendo emisiones que son "altamente peligrosas" para el futuro del planeta y para la salud de los ciudadanos.

Este tipo de iniciativas son una petición "constante" para el sector de la automoción, ya que beneficia tanto a las arcas del Estado, al descenso de la siniestralidad, al medio ambiente como al consumidor.

La automoción española no está tan segura de que se vayan a cumplir las fechas anunciadas por el Ejecutivo, ya que pueden sufrir adelantos o retrasos, al tiempo que no considera "novedad" el anuncio de la titular de Hacienda, debido a que este tipo de planes son siempre "objeto de estudio" de un Gobierno por el peso que tiene la industria automovilística en la economía de España.

En este contexto, el sector destaca que no solo se debe impulsar la renovación del parque automovilístico español con incentivos económicos, sino que también se debe hacer una labor de concienciación que sirva para que los conductores sepan que los vehículos nuevos salvan vidas, tanto desde el punto de vista de la seguridad como medioambiental. España tiene el parque automovilístico más antiguo de Europa, con más de 12 años de media. En 2007, un año antes de que estallara la crisis económica, se situaba en 8,9 años.

MAYORES INVERSIONES PARA LA COMPRA DE ALTERNATIVOS

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha avanzado que su departamento está trabajando en mejorar las inversiones de los planes de ayuda a la compra de vehículos alternativos, así como en su coordinación.

No obstante, en la actualidad, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 (aprobados por el PP) recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. El actual ministerio de Industria, Comercio y Turismo es responsable de 16,6 millones, mientras que el de Transición Ecológica gestiona, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), 50 millones de euros. Sin embargo, dicha dotación sigue pendiente de su aplicación.

Además, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para tratar de paliar las alzas del precio de la luz, en el que se incluye, entre otras medidas, la eliminación de la figura del gestor de carga para facilitar la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos e impulsar su uso.

El gestor de carga, que figuraba en la Ley del Sector Eléctrico, obligaba a cualquier entidad que quisiera vender electricidad a darse de alta con esta figura, una normativa que el Gobierno considera "demasiado rígida y desincentivadora de la actividad".