Reclama un nuevo marco jurídico para las relaciones entre concesionarios y fabricantes
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha solicitado al nuevo Gobierno que ponga en marcha un plan estructural de renovación de maquinaria agrícola, con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros hasta 2025.
En rueda de prensa, el presidente de la organización, Gerardo Pérez, y la vicepresidenta ejecutiva, Marta Blázquez, se mostraron a favor establecer planes de renovación de maquinaria agrícola de carácter estructural y que dupliquen su presupuesto hasta 10 millones de euros al año, en comparación con los 5 millones aprobados en la actualidad.
Desde Faconauto calificaron como "urgente" la necesidad de renovar el "envejecido" parque de maquinaria agrícola en España, dado que el 55% de estos vehículos tiene una antigüedad de más de 18 años, lo que supone una cifra que duplica la media en Europa.
Así, Pérez y Blázquez achacaron a la elevada antigüedad de este tipo de maquinaria la contaminación atmosférica en el campo español y, por ello, se decantaron por convertir en estructurales los planes de renovación que se vienen sucediendo.
Por ello, demandaron la puesta en marcha de un Plan Nacional, con la colaboración de los concesionarios en su diseño, hasta 2025 con un presupuesto de 50 millones de euros y con el que se conseguiría achatarrar 3.500 tractores viejos.
RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS
Por otro lado, también destacaron la importancia de "dinamizar" el mercado de segunda mano para recortar la antigüedad del parque de maquinaria agrícola, aunque destacaron que esta no está incluida en la actualidad en el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU).
Así, calificaron esta situación como "una barrera" para su comercialización y afirmaron que esto pone a los concesionarios españoles en una situación de "desigualdad", por lo que abogaron por su inclusión en el REBU.
PIDEN UN NUEVO MARCO JURÍDICO
Además, desde Faconauto solicitaron al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones que concrete un nuevo marco jurídico y un equilibrio regulatorio en las relaciones comerciales entre marcas y concesionarios.
Así, apuestan por que este nuevo marco jurídico "vele" por un funcionamiento correcto de la competencia, mediante soluciones que tengan en cuenta los derechos de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores.