Publicado 24/09/2019 18:24

Detenido en Estados Unidos un alto directivo de Fiat Chrysler por el caso de los vehículos diésel


DETROIT (ESTADOS UNIDOS), 24 (Reuters/EP)

El alto directivo de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Emanuele Palma ha sido detenido en Bloomfield Hills, Michigan (Estados Unidos), en relación con el caso de exceso de emisiones de algunos vehículos diésel de la corporación italoestadounidense.

Palma ha sido acusado de conspirar para cometer fraude electrónico, defraudar a Estados Unidos, violar la Ley de Aire Limpio y hacer declaraciones falsas sobre el sistema de emisiones utilizado en algunos vehículos diésel de la compañía en el país norteamericano, según una acusación del gran jurado del país con fecha del 18 de septiembre.

El directivo fue arrestado por el FBI en su residencia de Bloomfield, afirmó el portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr.

Gina Balaya, una portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Detroit, confirmó que Palma está ahora bajo custodia y que se enfrentará a una audiencia en la corte.

"Estamos enterándonos de los detalles del asunto. Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades", aseguró un portavoz de FCA en un correo electrónico.

En enero, Fiat Chrysler accedió al pago de 800 millones de dólares (714 millones de euros) para resolver reclamaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Estado de California, en relación con que había usado solftware ilegal para lograr resultados falsos en los test de emisiones de vehículos diésel.

Además, en abril, alcanzó un acuerdo en Estados Unidos para el pago de una multa de 110 millones de dólares (unos 98 millones de euros) para resolver una demanda en la que se denunciaba que había engañado a los inversores en relación con el exceso de emisiones de los vehículos y por no cumplir con la regulación federal sobre seguridad, según los registros judiciales.

Los inversores demandaron a la compañía automovilística en 2015 porque consideraban que les había engañado, subrayando que estaba cumpliendo con la regulación vigente y que la empresa había comunicado unas provisiones menores de las reales en relación con el coste de las llamadas a revisión de los modelos afectados.

En ese mismo año, la empresa abonó una multa de 105 millones de dólares (93,7 millones de euros) en el país por no haber podido completar con éxito 23 llamadas a revisión que afectaban a once millones de vehículos, al tiempo que tuvo que realizar campañas adicionales y recomprar cientos de miles de vehículos.

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