Una inversión pública de 39.000 millones al año garantizaría transporte ecológico en Europa, según T&E

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una inversión pública de 39.000 millones al año garantizaría el transporte ecológico en Europa, según señala un nuevo estudio realizado por la asociación ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés).

En concreto, dicho informe resalta que Europa necesita hacer tal gasto para "mantener la competitividad del continente y garantizar que la tecnología del transporte ecológico se haga en Europa".

Asimismo, T&E también demanda que se pase del gasto en infraestructuras tradicionales como carreteras y aeropuertos a nuevas infraestructuras energéticas como redes y recarga, "claves para descarbonizar el transporte por carretera".

Según el estudio, el apoyo público al alquiler social de vehículos eléctricos, los combustibles ecológicos, la fabricación de baterías y la infraestructura de recarga ayudaría a liberar siete veces más de gasto privado en tecnología ecológica en Europa cada año hasta 2030, llegando a los 271.000 millones de euros, con lo que la inversión pública y privada total ascenderá a 507.000 millones de euros anuales en 2040, a medida que se acelere el paso a las tecnologías verdes de transporte.

De esta manera, la mayor parte de la inversión (87%) en la fabricación de tecnología de transporte verde procederá de inversores privados, incluidos fabricantes y bancos, aunque las industrias más intensivas en capital y las infraestructuras energéticas necesitarán apoyo público. Según T&E, esta cifra ascenderá a 39.000 millones de euros anuales hasta 2030, una cantidad inferior a los 42.000 millones de euros que los gobiernos europeos destinan cada año a subvencionar los coches de empresa de gasolina y gasóleo.

En este contexto, T&E aboga, entre otras cosas, por la creación de un fondo comunitario de 25.000 millones de euros para apoyar la fabricación europea de baterías, sometida a una intensa presión por parte de China. De este modo se facilitaría la financiación pública para aumentar la producción local de baterías, acceder a materiales clave y reducir el riesgo de las inversiones en componentes clave como los cátodos.