Mercedes-Benz actualizará el software de vehículos diésel por denuncia de tecnología ilegal de emisiones

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante automovilístico alemán Mercedes-Benz ha anunciado que llamará a taller a varios modelos con propulsión diésel de normativa Euro 5 y Euro 6b para realizarles una actualización de software tras nuevas acusaciones por presunto uso de tecnología ilegal de emisiones.

Según informa la agencia alemana de noticias Dpa, se espera que el número de vehículos afectados ascienda a las seis cifras, al tiempo que ha sido la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA) de Alemania la que ha realizado el aviso. Solo en Alemania deberán pasar a revisión unos 100.000 vehículos diésel, según ha confirmado la firma.

La llamada a revisión se debe a las conocidas como 'ventanas térmicas', que también son empleadas por otros fabricantes. Se trata de una tecnología que quema parte de los gases de escape directamente en el motor para emitir menos óxidos de nitrógeno tóxicos.

Según han asegurado distintos fabricantes, este mecanismo se desacelera de forma automática en función de la temperatura exterior para proteger el motor.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirmó en 2022 que un software que permita mayores emisiones contaminantes durante una gran parte del año es inadmisible. Los jueces europeos consideraron que las ventanas solo son legales si no existe otra solución que permita evitar riesgos.

Los reguladores de la KBA alemana han pedido a Mercedes-Benz que cambie las calibraciones de las unidades de control del motor de determinados vehículos a la luz de la sentencia, dijo a Dpa una portavoz de Mercedes-Benz.

"Hasta la sentencia del TJCE, las autoridades europeas consideraban permisibles esos controles de temperatura para la recirculación de los gases de escape", dijo la portavoz.

En septiembre, un grupo de inversores demandó a Mercedes-Benz por no haberles informado a tiempo sobre el escándalo conocido como 'dieselgate', por el que reclamaron a la empresa unos 900 millones de euros por daños y perjuicios.