Paralizados casi 6 millones del Moves en tres comunidades dos meses después de que finalizase el plazo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar unos fondos de 5,62 millones de euros del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno, pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi dos meses.

Así, unos 5,62 millones de euros de los 100 millones que contemplaba el plan continúan paralizados ya que Murcia, Extremadura y Ceuta no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.

En concreto, Extremadura dispone de 2,26 millones en ayudas para la compra de vehículos eléctricos correspondientes al Moves II, mientras que a Murcia le corresponden 3,16 millones de euros y a Ceuta, 180.729 euros.

Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) esperaron hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo publicaron fuera de plazo.

Por su parte, Canarias (4,70 millones de euros) y Cantabria (1,123 millones de euros) fueron las últimas comunidades en aprobar el plan. En el caso de la comunidad cántabra, lo aprobó hace apenas dos semanas.

Entre las comunidades que sí lo han autorizado también ha habido discrepancias. Por ejemplo, en Baleares han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche 'cero emisiones'.

Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tachó de "incomprensible" que Baleares publicase el plan "tarde" y con modificaciones que "reducen su eficacia y crean confusión", ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.

En la misma línea se han pronunciado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), calificando de "discriminatorias" las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.

Aun así, en la actualidad esta cláusula continúa vigente, aunque el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) la está analizando, según explicaron fuentes del sector a Europa Press.

TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN

A pesar de estos retrasos, fuentes IDAE consultadas por Europa Press afirmaron que "lo importante" es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.

"Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias", subrayaron desde el IDAE.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien aseguró que "todas las comunidades están trabajando en ello", por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún "retraso administrativo".

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aporta hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo 'cero emisiones', mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para modelos de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o una entidad sin ánimo de lucro.