Sánchez aborda con Luca de Meo el impacto de la normativa Euro 7 y dice que apoyará a la industria

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido esta mañana un encuentro por videoconferencia con el consejero delegado del grupo Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Luca de Meo, en el que han abordado el impacto de la propuesta actual de la normativa Euro 7, más exigente en materia de emisiones para los automóviles.

La propuesta actual de la normativa Euro 7 ha recibido una fuerte contestación por parte de la industria automovilística española y europea dado que, en su opinión, supone derivar grandes inversiones de las tecnologías eléctricas a optimizar unos motores de combustión que, en principio, dejarán de poder venderse en la Unión Europea (UE) a partir de 2035.

Asimismo, el sector esgrime que su aportación en cuanto a la reducción de emisiones es "residual" en comparación con Euro 6, la normativa vigente actualmente.

En esa línea, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha advertido de que la propuesta actual de la normativa afecta mucho más a España que a otros países fabricantes debido a que las plantas nacionales están especializadas en vehículos pequeños y medianos, cuya demanda es más sensible al precio y que se verían más impactados por el encarecimiento de unos 2.000 euros de media que estiman desde el sector.

Así, tanto ACEA con Anfac consideran que, de salir adelante la propuesta como está planteada actualmente podría llegar a haber cierres de fábricas y, por tanto, pérdidas de empleo en España y en otros países de la UE.

En este contexto, en el encuentro entre Sánchez y Luca de Meo se han abordado, entre otras cuestiones, "los desafíos a los que se enfrenta el sector en el marco geopolítico actual, las futuras inversiones en España y el impacto de la normativa comunitaria de emisiones Euro 7", según ha informado el Gobierno en un comunicado.

Sánchez ha trasladado al consejero delegado del grupo Renault que el "apoyo a la competitividad de la industria" será uno de los pilares de la próxima presidencia Española de la UE, que comenzará en julio y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

El presidente del Gobierno también ha subrayado el "liderazgo de España en la automoción" así como que el país ofrece "condiciones extraordinarias para acoger la cadena de valor del coche eléctrico", entre ellas, "el atractivo para el establecimiento de fábricas de microchips para este sector clave".

"En especial, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan estratégico de semiconductores, con una movilización de más de 12.000 millones de euros, plantea grandes oportunidades para una industria que ha sufrido la escasez de
chips ocasionada por los desajustes en las cadenas de producción tras la pandemia, llegando incluso a paralizar la producción", añade el comunicado.

HÍBRIDOS EN EL PERTE VEC

Por otro lado, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha señalado recientemente que la posibilidad de que en la segunda convocatoria de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) se puedan subvencionar proyectos ligados a los vehículos híbridos "está difícil".

El propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reconocido que ha recibido esta propuesta por parte de Renault, grupo que preside Luca de Meo, y de Stellantis, pero la posibilidad es complicada debido a que desde la cartera que dirige Reyes Maroto consideran que es difícil que los motores híbridos cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH), una de las condiciones necesarias para optar a las ayudas del Perte VEC. No obstante, desde el Ministerio están analizando esta propuesta.

En la primera convocatoria del Perte VEC se repartieron alrededor de 800 millones de euros a 10 propuestas industriales ligadas al sector de la automoción y en la segunda ronda se prevé que se agoten los 2.200 millones de euros que todavía no han sido asignados.