CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado en su sesión de tarde, con los votos a favor de PSOE, PP y Vox y la abstención de Podemos, solicitar al Gobierno regional la contratación "inmediata" del personal sanitario necesario en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Con la presencia de sanitarios en el hemiciclo, la diputada socialista Mª Soledad Sánchez ha leído sus reivindicaciones desde el atril tras el cierre de la unidad de aislamiento respiratorio, "la gota que ha colmado el vaso".
El compromiso adquirido este martes por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, con los sindicatos de crear cinco plazas de enfermería y otras tantas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) no cubren las peticiones de los profesionales del Rafael Méndez, según ha apuntado la diputada. Los sanitarios reclaman 100 enfermeras, 70 TCAE, 7 técnicos de laboratorio, 50 celadores, 40 administrativos, 11 técnicos de anatomía patológica y 3 técnicos de radiodiagnóstico.
Los socialistas no han aceptado la enmienda de adición de la diputada 'popular' Mª del Carmen Ruiz que pedía al Gobierno central "resolver la infrafinanciación sanitaria de la Región y el problema de déficit de médicos que sufre la Sanidad". Desde Vox, Ignacio Arcas ha presentado otra enmienda de adición que solicita a López Miras y a Pedreño que se reorganicen los turnos, se contrate más personal y "no se desmantelen los servicios", según se ha aceptado por parte de los socialistas finalmente.
Por último, la diputada de Podemos, María Marín ha criticado que ni Vox ni PSOE han hecho referencia al cierre de la unidad de aislamiento en esta moción "porque no tienen intención de mantenerla".
EDUCADORES SOCIALES
También se ha aprobado una enmienda a la totalidad que el grupo popular ha presentado a la moción que ha propuesto el grupo Mixto en la que se solicitaba la adopción de medidas para la mejora de la situación de los educadores sociales en la Región de Murcia tras la muerte de Belén Cortés en Badajoz a manos de dos de los menores que vivían en un piso tutelado que ella custodiaba. Marín ha llevado a la cámara regional las peticiones de los educadores sociales que, durante sus manifestaciones, reclamaban que "no se cumple la ratio de profesionales, no se cubren las bajas, trabajan hasta el final del embarazo, no se contempla la salud mental como riesgo laboral y se les contrata en categorías profesionales inferiores a su experiencia y formación".
Así, la diputada del grupo Mixto ha pedido que se cumpla la orden que regula los conciertos sociales de los centros para menores con medidas judiciales de internamiento que contempla el cumplimiento de estas reivindicaciones que ha achacado "al modelo de delegación de estos servicios públicos a determinadas entidades privadas".
Durante la presentación de la enmienda a la totalidad la diputada 'popular' Maruja Pelegrín ha afirmado los conciertos sociales "dan estabilidad y atienden a las medidas de urgencia y emergencia, cosa que en otro caso no se podrían atender". Así, Pelegrín ha señalado que la ratio es de un profesional por cada niño, y no de un profesional por cada tres niños como solicitaba Podemos, y de más de un educador social por cada dos menores o un profesional y medio por cada dos menores. Además, ha apuntado que los protocolos son "revisados permanentemente" y que "no podemos comparar lo que ha ocurrido en otro sitios con la situación de esta región".
Desde el grupo parlamentario socialista, Mª Dolores Martínez, ha mostrado su apoyo a la moción de Podemos y ha señalado que sucesos como el de Badajoz son "una consecuencia directa de una política de recortes que mediante la externalización" apuntado que en la Región hay "cinco centros de internamiento y protección de menores, de los cuales solo uno es de titularidad pública lo que se traduce en ratios inadecuadas".
El grupo parlamentario Vox ha apoyado la enmienda 'popular' pero han señalado que presentarán una moción con sus propias propuestas.
DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO EN LAS FASES DE CUARTO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Con el apoyo de PP y Podemos, se ha aprobado una moción presentada por Antonio Martínez, de Vox, para solicitar para que el Gobierno regional asuma el control del Cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica. Según Martínez, "es de vital importancia que la Región de Murcia lleve un seguimiento cercano, participativo y activo de este cuarto ciclo de planificación hidrológica" y ha considerado que este "debe participar en las determinaciones de los caudales ecológicos para que no sean arbitrarias y dispares en las distintas cuencas hidrográficas".
El diputado del PP, Jesús Cano, que ha calificado el tercer ciclo de planificación hidrológica de "fallido" por el recorte del trasvase Tajo- Segura, considera que el siguiente "tiene que dar solución a retos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la sobre-explotación de acuíferos y el futuro del trasvase Tajo-Segura" que, según ha afirmado, "no van a poder ser solucionados solo en el ámbito territorial de la Cuenca del Segura, sino que habrá que recurrir a la coordinación con otros ámbitos de planificación".
Por su parte, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha asegurado que "el contexto" de la moción de Vox no les gusta, puesto que esta hacía referencia una jornada sobre el sector primaria con la participación de miembros del partido de Abascal, incluido el proponente de la moción. Además, ha pedido explicaciones sobre el estado de los embalses al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea.
No ha salido adelante, así la enmienda parcial presentada por los socialistas que, según ha explicado su diputado Fernando Moreno, busca que se cumpla el Pacto Regional del Agua "que establece las pautas a seguir en cuanto a las políticas hídricas de la Región de Murcia".
AUMENTO DE GUARDIA CIVIL EN ÁGUILAS Y MAZARRÓN
Por último, se ha aprobado, con el voto en contra de Podemos, solicitar al Gobierno central el aumento de efectivos de la Guardia Civil en Águilas y en la Unidad Fiscal de Mazarrón, que ahora debe ser atendida por los agentes de Águilas, según ha explicado el diputado del PP, Antonio Landáburu.
También se solicita crear protocolos para gestionar la llegada de pateras con los medios adecuados. Esta moción se ha aprobado con la enmienda de Vox que pedía luchar contra la llegada de pateras.