CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)
La Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción de Vox para la puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros que permitan que los proveedores del Servicio Murciano de Salud (SMS) puedan cobrar sus facturas pendientes "con carácter inmediato".
La defensora de la iniciativa, María Eugenia Sánchez, ha afirmado que la Consejería de Salud acumula una deuda de 210 millones de euros con los proveedores del SMS y ha señalado que "el periodo medio de pago de este organismo ha pasado de unos 80 días en 2019 a 247 en 2024, cuando la normativa vigente establece un máximo de 60 días".
"Seguimos siendo la comunidad que paga con mayor retraso a las empresas sanitarias", ha dicho Sánchez, que ha insistido en que "mientras que en el resto de España la media para el pago de facturas es 76 días, en el SMS los proveedores tienen una espera media de 8 meses para cobrar, casi 6 meses más".
Además, la parlamentaria de Vox ha aseverado que la deuda de la Administración regional "representa el 9,9% de toda la deuda del Sistema Nacional de Salud con este sector", y ha criticado que los retrasos afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas, que "ven en riesgo su continuidad".
Desde el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha calificado de "falsos" los presupuestos en materia de sanidad de la Comunidad por prever "un gasto muy inferior al ejecutado sistemáticamente en años anteriores", y se ha dirigido a los diputados del PP al indicar que no vale el "comodín de la infrafinanciación" porque los retrasos forman parte del "modus operandi" del Gobierno de la Región.
Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha manifestado que "el 24 de julio el Tribunal de Cuentas detectó derivaciones millonarias irregulares a la sanidad privada, pruebas y operaciones que se derivan desde La Arrixaca a clínicas privadas sin justificar que la sanidad pública no tenga los medios para hacerlas, totalmente al margen de la Ley de Contratos".
Marín ha respaldado la iniciativa con su voto favorable, aunque antes ha acusado a los diputados de Vox de ser "colaboradores necesarios del Gobierno regional".
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Miralles ha trasladado que el periodo medio de pago en el SMS "nunca ha superado este año los 108 días", y ha avanzado que en ese organismo "ya se está trabajando para poner en marcha un mecanismo para pagar con preferencia a pymes con una elevada dependencia comercial".
Asimismo, ha subrayado que "para cobrar rápido lo primero es tener una mejor financiación para tener liquidez y pagar con inmediatez". "Somos la comunidad autónoma peor financiada y que esto es lo que más daño hace a las pymes", ha recalcado Miralles, que ha señalado que su grupo apoya la moción porque lo que solicita "ya lo estamos haciendo".
"No sé con ustedes trampas al solitario. No son los datos que ustedes dan", ha aseverado el diputado 'popular', que ha insistido en que para el Gobierno autonómico "las pymes son el pilar de la Región, las que le dan oportunidades a las personas que se encuentran en paro, las que crean riqueza y las que afianzan la economía".
Además, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una moción de estos últimos que solicita implementar ayudas a los autónomos y pedir al Gobierno de la Nación la exoneración de la cuota de autónomos a los que tengan ingresos netos menores al salario mínimo interprofesional (SMI).
El diputado de Vox defensor de la moción, Rubén Martínez Alpañez, ha afirmado que "es de justicia" que los autónomos que no llegan al SMI no paguen cuotas. Así, ha defendido la creación de líneas de financiación por importe de 50.000 euros y, para los que los proyectos que los superen, líneas de garantía.
Además, Alpañez ha señalado que, durante la presencia de su partido en el Gobierno regional "se dejó lista para su publicación la Ley de Simplificación Administrativa que aún no se ha publicado".
Desde el PP se han sumado a esta moción haciendo referencia al "compromiso del presidente Fernando López Miras con las empresas y autónomos de la Región".
Por parte del PSOE, la diputada regional Virginia Lopo ha calificado la moción de Vox de "oda al filibusterismo político y a la demagogia". Lopo ha recriminado a los diputados de Vox que "bajaron un 15% el Programa de Defensa del Autónomo, un 41,57% el Programa de Fomento y Desarrollo del Trabajo y un 18,72% los fondos que van destinados a la Dirección General de Autónomos".
Lopo ha criticado que el modelo presentado se basa en préstamos y avales y se ha preguntado "qué prestamos puede pagar un autónomo que tenga unos ingresos inferiores a 1.134 euros". Asimismo, ha señalado que el hecho de los autónomos que no lleguen al SMI no paguen las cuotas supondría una reducción de más del 50% de los ingresos de la Seguridad Social.
Las medidas propuestas por Vox han sido calificadas por la diputada del Grupo Mixto María Marín de "poco ambiciosas y absolutamente inútiles". Para Marín, lo que esta moción ofrece es "endeudarse con los banqueros, y el sueño de los autónomos no es endeudarse". Así, desde su formación ha propuesto "eliminar las cuotas a los autónomos que ganan menos, pero subírselas a aquellos que tienen ingresos netos o rendimientos superiores a los 3.190 euros o 38.000 euros al año".
La Asamblea también solicitará al Gobierno de la Nación que se impulse en todo el país la enseñanza de la asignatura sobre la Constitución Española de 1978 a propuesta del Partido Popular, que ha contado con el apoyo de Podemos mientras que PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido.
El diputado del PP, Víctor Martínez Carrasco, ha explicado que su partido pretende que "en todos los lugares de España conozcan el valor de lo que es la igualdad de todos los españoles" lo que es a su parecer, "una cuestión fundamental" dado "la normalización de actitudes antidemocráticas que van desvirtuando poco a poco el espíritu de respeto y convivencia que emana de nuestra Carta Magna", ha apuntado.
Su propuesta ha contado con una enmienda a la totalidad del PSOE y otra parcial de Vox que han sido rechazadas. Los socialistas se han mostrado en contra de esta moción al apuntar su diputado Juan Andrés Torres "que las competencias en educación residen en el Gobierno regional y no en el Gobierno nacional" a quien va dirigida la moción.
Por otra parte, Torres ha criticado que el PP "eliminó la presencia obligatoria de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en toda la etapa obligatoria, que estaba basada en los valores constitucionales". Además, ha señalado que Gobierno de Pedro Sánchez "ha recuperado estos conocimientos que ustedes piden y lo ha hecho incorporando la competencia ciudadana entre las otras competencias clave que forman la arquitectura curricular de toda la fase educativa".
Desde Vox, la diputada Virginia Martínez ha apuntado que "todavía no tenemos datos que nos informen sobre el impacto que esta asignatura está teniendo" en la Región por lo que consideran que ampliar su alcance a todo el país es "un poco atrevido". Aunque se han mostrado a favor de "enseñar a la juventud a valorar nuestro sistema democrático y los valores que inspiraron la Constitución y la Unión Europea" se han abstenido a la hora de votar después de que su enmienda parcial fuera rechazada. En ella se solicitaba que se incluyera a los centros concertados, a lo que Martínez Carrasco ha afirmado que no están excluidos, y que la asignatura se impartiera en primaria lo que desde el PP no consideran adecuado ya que en 3º de la ESO los estudiantes son más maduros.
La moción ha contado con el voto a favor de Podemos, con el deseo de su diputada, María Marín, de que "el día que nuestros alumnos y alumnas aprendan se tomen en serio la Constitución Española se acaban los 30 años de gobierno del Partido Popular en la Región".