La Asamblea pide la creación de una unidad de intervención de emergencias de la UME en la Región

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional pedirá al Gobierno central "que cree y active una unidad de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que dé respuesta a las dificultades que puedan plantearse de forma coordinada con los distintos servicios de emergencias". Así se ha decidido, con los votos a favor de Vox y PP, tras rechazar la moción del Grupo Parlamentario Mixto de crear una Unidad de Emergencias de la Región de Murcia.

Durante la defensa de su moción, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha criticado que "desde 2019 se ha hecho muy poco en materia de prevención de inundaciones" ya que en 2022 el Gobierno regional se comprometió a un aumento de la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) con 120 efectivos y se han incorporado 30, no tienen convenio marco y continúan sin director gerente.

Por su parte, el diputado del PP, Fernando Cerón, cree "necesario" que a partir de cierto nivel de emergencia se constituya un comité de crisis y de expertos de cada administración u organismo afectado en contacto permanente por videoconferencia. Así como que antes del nivel 3 de alerta la UME esté preparada para actuar.

Para los socialistas el sistema existente es efectivo y culpa de la "mala gestión" a López Miras como responsable de la falta de personal tanto en el sistema telefónico del 1-1-2 como en el servicio de bomberos CEIS.

El Pleno de la Asamblea ha rechazado una moción del PSOE para garantizar la no privatización de suelo público. Durante su exposición, Juan Andrés Torres, ha pedido al Gobierno regional "incrementar el parque público de vivienda, garantizar por ley que la vivienda protegida sea siempre protegida y complementar los recursos y las ayudas que vienen del Gobierno de España". Así, ha criticado que en los últimos 30 años el Gobierno regional "no ha calificado ni una sola vivienda protegida en este curso, ni ha construido una sola vivienda pública en los últimos ocho años".

Esta moción, que había contado con el apoyo de Podemos después de que se aceptara su enmienda de adición porque hace una semana, según su portavoz María Marín, presentaron una moción similar, no ha salido adelante y sí lo ha hecho la enmienda a la totalidad del PP, con la abstención de Vox y el voto en contra de los demás grupos.

Esta enmienda, presentada por Antonio Landaburu, pide "reformar la legislación urbanística, implementar un sistema estatal que controle los plazos de licencia y permisos urbanísticos, crear una Ventanilla Única Nacional, eliminar el control de precio de alquiler y reforzar la protección de la propiedad privada", así como "desarrollar un marco nacional contra la ocupación y fomentar la colaboración público-privada con los incentivos para construir viviendas asequibles en suelo público".

Por su parte, Vox, ha votado en contra de la propuesta del PSOE y se ha abstenido en la enmienda aprobada ya que considera que la moción original es una "farsa" y que se trata de "una expropiación de los derechos de propiedad privada para que sean los españoles los que remedien la emergencia habitacional que se han inventado con sus casas y sus pisos".

La Asamblea pedirá al Gobierno central "una estrategia que permita invertir los Fondos Next Generation de manera más rápida y eficiente y que agilice su distribución a través de una revisión y simplificación de los procesos administrativos", así como sus requisitos de acceso. Esta moción del PP ha salido adelante con un enmienda parcial de Vox que pide al Consejo de Gobierno que continúe trabajando la nueva Ley de Simplificación Administrativa que unifique, agilice y simplifique la carga burocrática en las relaciones con los administrados.

Por su parte, la diputada socialista Virginia Lopo ha afirmado que esta moción se debe a la "estrategia de desinformación" de López Miras que, ha afirmado, "esconde y retiene los fondos y retrasa los pagos". Desde Podemos había presentado una enmienda para que las oficinas especializadas en fondos europeos se extiendan a Molina de Segura y Lorca.

Además, la Asamblea ha aprobado una moción de la diputada de Vox María José Ruiz, que ha incluido una enmienda de adición del Grupo Mixto, para la creación de un censo de personas con alzheimer en la Región y el aumento de la dotación dedicada a respiro familiar para personas con demencia.

Ha indicado que el objetivo de la iniciativa es conocer "la dimensión real" de esta enfermedad, que padecen unas 35.000 personas en la comunidad, para diseñar propuestas que contribuyan al abordaje integral de las demencias.

La parlamentaria ha destacado la necesidad de mejorar el sistema del respiro familiar y de que aquellos que lo necesiten por su diagnóstico puedan usar dispositivos móviles de geolocalización permanente.

Por parte de Podemos, la diputada María Marín ha presentado una enmienda parcial para incorporar que todas las áreas de salud cuenten con unidades especializadas en demencia, como ya existen en los hospitales de La Arrixaca y Virgen del Rosell.

La parlamentaria socialista Lola Jara ha considerado "imprescindible" incrementar las unidades de demencia y poner en marcha un programa preventivo que permita intervenir ante los primeros síntomas y un protocolo de seguimiento multidisciplinar. A su juicio, es "imprescindible" que las Administraciones Públicas garanticen la dotación económica y las infraestructuras para ofrecer "una ayuda adecuada y eficaz" a estas personas.

Desde el PP, Miguel Ángel Miralles ha pedido la votación separada de la moción parcial de Podemos, al estar a favor solo del punto 2, que ha salido adelante por unanimidad. Miralles ha sostenido que ya existe un centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, el CEAPAT que, ha precisado, "pagamos todos y se dedica, con profesionales cualificados desde 1989, a lo que ustedes piden".

Asimismo, ha comentado que el resto de puntos no cuenta con el apoyo del PP porque "nuestro grupo no puede votar a favor de iniciativas que no se pueden implementar por impedirlo la normativa o por no ser competencia de la Comunidad, o porque los técnicos lo consideran inviable".

Por otro lado, el parlamento ha dado luz verde a una moción del PP para solicitar al Gobierno central la habilitación de una comisaría de Policía Nacional en Totana. La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de Podemos y el voto en contra del PSOE.

La diputada del PP Isabel María Sánchez ha denunciado el incremento de los delitos registrados en el municipio. "Ni el Gobierno de España, ni el Ministerio del Interior, ni la Delegación del Gobierno se están tomando en serio este problema", ha sostenido.

El PSOE ha presentado una enmienda de totalidad a la moción. Durante su defensa, el diputado socialista Alfonso Martínez ha señalado que la propuesta del PP "obligaría a cambiar la distribución territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"No es posible crear una comisaría de Policía Nacional en Totana manteniendo la presencia de la Guardia Civil", ha dicho Martínez Baños.

Por parte de Vox, Pascual Salvador ha criticado la "inseguridad" que sufren los municipios de la Región, que ha achacado a "la política de puertas abiertas que se está haciendo colaborando con las mafias de trata de personas para atraer inmigración ilegal".

Vox ha presentado una enmienda parcial que el PP ha incorporado para dotar de más recursos materiales y personal al cuartel de la Benemérita de Totana, "y no tanto tener una comisaría de Policía Nacional que significaría anular a la Guardia Civil".

Egío, de Podemos, ha criticado al PP por impulsar "teorías alarmistas" y ha insistido en que su moción es "un brindis al sol" porque "las tasas de delincuencia en España y en la Región están a años luz de las que teníamos, por ejemplo, en los años 90, cuando no había prácticamente inmigrantes".