Publicado: viernes, 7 julio 2017 17:22


MURCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los examinadores de tráfico, cuyos parones se iniciaron en el mes de junio y podrían prolongarse hasta el 31 de julio, ha dejado a las autoescuelas de la Región de Murcia en una situación "dramática" por las consecuencias económicas que les pueden acarrear estos meses de verano, que es cuando registran más demanda de alumnos, sobre todo jóvenes que aprovechan las vacaciones para sacarse el carné de conducir.

Por ello, la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur) ha convocado para este lunes, a partir de las 12.00 horas, una concentración a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico para reclamar soluciones y una posterior marcha por las calles de Murcia, en donde participarán un buen número de vehículos de la mayoría de las autoescuelas, que acabará en otra concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Y es que, tradicionalmente, el mes de julio ha sido siempre de gran actividad para las autoescuelas, ya que en agosto prácticamente no hay convocatorias de exámenes, salvo dos o tres al principio del mes.

El presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur), Enrique Lorca, ha recordado que por cada día de huelga unas 250 personas se quedan sin poder examinarse, por lo que, si prosigue la huelga, podrían dejarse de realizar unos 5.000 exámenes prácticos de circulación, ya que hay tres convocatorias a la semana.

Sin embargo, Aramur ha querido precisar que, respecto a los exámenes teóricos y de pista, que no se han visto afectados por la huelga, se pueden seguir realizando con normalidad.

"Ante esta situación, está en el aire que se puedan contratar más profesores, como siempre solíamos hacer durante los meses de verano, por la mayor afluencia de alumnos, e incluso algunas autoescuelas, que ya arrastran muchos problemas económicos, pueden verse abocadas al cierre", apunta Lorca.

En la Región de Murcia hay un total de 320 autoescuelas, siendo la mayoría asociadas a Aramur, por lo que el perjuicio no es sólo para los ciudadanos, sino que pone el riesgo la situación económica de miles de familias que viven de la Formación Vial.

Por su parte, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha criticado en un comunicado que al Gobierno de la Nación parece no importarle "que 150.000 aspirantes a obtener el permiso de conducción se queden sin él este verano", así como la situación que se genera para las 30.000 familias españolas que viven de la Formación Vial en España.

Y es que, a raíz de la actual huelga de examinadores de Tráfico y de la "precariedad" del servicio de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT), CNAE ya puntualizó que "el permiso de conducir es una herramienta imprescindible para muchos trabajos e inclusive para opositar. Obstaculizar el acceso al carné, impidiendo que los aspirantes a conductores se examinen a tiempo, no es coherente con una política de estímulo del empleo".

Asimismo, apuntan que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 está previsto un incremento de las tasas que cobra Tráfico. La tasa de examen subirá hasta los 91,20 euros. "Es increíble que Hacienda haya aprobado este aumento cuando el servicio que ofrece la DGT al ciudadano es cada vez peor, a causa de la escasez de examinadores", añaden.

En opinión de la patronal de las autoescuelas "la huelga de los examinadores se podía haber evitado fácilmente; se han dejado pasar dos largos años sin hacer nada. Ha faltado previsión y voluntad por parte de las autoridades". Además, la CNAE aventura que el conflicto seguirá sin resolverse si no cambian las actuales posturas, lo que provocará que unas 150.000 personas no puedan examinarse y, por tanto, obtener su permiso de conducir.

Aramur y CNAE reclaman al Gobierno de España que "traigan a los examinadores de donde crean conveniente, ya sea a través de una oferta pública de empleo, con la incorporación de militares formados a través de un curso, permitiendo a los profesores de Formación Vial puedan opositar para ser examinadores o a través de una solución que venga del sector privado, como ya ha sucedido con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los controladores de accesos a los aeropuertos, al igual que existe la universidad o la sanidad privada".

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