Una campaña de inspección de talleres de vehículos verificará que cumplen con la legalidad vigente

MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Regional de Consumo, de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, va a realizar una campaña de inspección de talleres de vehículos que tiene como objetivo verificar que este tipo de establecimientos cumplen con la legislación vigente. También se incluirán aquellos negocios que se dedican a la instalación de accesorios en vehículos.

Las inspecciones se basarán en comprobar que los establecimientos ofrecen a sus clientes toda la información obligatoria como, por ejemplo, las tarifas de precios o las tablas de tiempos de trabajo, así como la documentación, garantías de reparaciones y presupuestos que se realizan. Asimismo, y como novedad, se controlará por primera vez que el establecimiento tiene la autorización previa del cliente para usar piezas de repuesto recicladas o de segunda mano.

El director general de Consumo, Comercio y Simplificación Administrativa, Francisco Abril, destacó que "para el Gobierno regional la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, y ahora que se acercan fechas en las que los desplazamientos por carretera aumentan de manera muy significativa, y son muchos los murcianos que llevan sus automóviles a revisión, queremos velar para que estas revisiones se hagan con todas las garantías y con toda la información que la legislación exige".

Estas inspecciones se extenderán durante todo el verano y se harán en establecimientos de toda la Región. Las sanciones a las que se enfrentan los empresarios de los talleres por infracciones leves van desde una amonestación por escrito a una multa de entre 200 y 5.000 euros. Asimismo, las infracciones graves conllevan una sanción de entre 5.001 a 30.000 euros.

Se consideran infracciones leves, entre otras, el incumplimiento de la normativa, como la ausencia de hojas de reclamaciones, no anunciar los precios o no entregar el resguardo de depósito del vehículo.

Por su parte, las infracciones graves son aquellas conductas intencionadas de engaño o fraude que influyen en el importe cobrado, por ejemplo, instalar piezas usadas y no informar al cliente cobrándolas como si se tratara de piezas nuevas o facturar piezas reparadas sin que realmente hayan sido sustituidas.