CCOO y UGT acuerdan con el PSOE las líneas maestras por la que pasaría la solución del problema de las ITV

MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO, han acordado con el PSOE dar traslado al Gobierno Regional de los puntos por los que pasaría sacar adelante la aprobación del Decreto-Ley de las ITV en la Asamblea Regional, y que no son otros que mantener la ITV de Alcantarilla como gestión pública, hacer mención expresa e inspirarse en el documento firmado el pasado día 03/08/2017 con las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y ampliando además de 10 a 15 años el contrato para las nuevas concesiones.

Los sindicatos entienden que "es urgente proporcionar seguridad jurídica a los trabajadores del sector y para las propias empresas, estableciendo un sistema de gestión de las ITVs correcto, algo que en este momento no se da una vez derogado el anterior contrato que regulaba las anteriores concesiones de ITVs".

Y es que, una vez que la anterior regulación ha quedado derogada "por la inacción del propio Gobierno Regional, que en su momento decidió no hacer uso de la cláusula que permite prorrogar hasta 1 año la regulación anterior, exigimos al Gobierno asuma responsabilidades de manera urgente, y, acabe con esta confusión que ha propiciado y que para nada beneficia al sector".

"Lamentamos que el Gobierno Regional no haya atendido hasta ahora la propuesta realizada durante la negociación del acuerdo firmado el pasado día 3 de agosto de 2017, donde UGT y CCOO instaban a que se mantuviese la ITV de Alcantarilla como gestión pública. Esta propuesta equilibrada, también era aceptada por los partidos de izquierdas con representación en la Asamblea Regional", han añadido.

Por último, CCOO y UGT exigen al Gobierno que cumpla lo acordado el día 03/08/2017, "que se deje de caprichos y asuma su responsabilidad, llevando a la Asamblea una nueva propuesta de Decreto Ley que recoja los puntos acordados en el día de hoy con el PSOE, e impida con su pasividad que se desregule el sector, ya que, esa desregulación solo serviría para perjudicar los derechos de los trabajadores, de las empresas y de los ciudadanos de esta región, además de provocar una conflictividad innecesaria".