Los centros educativos contarán con un protocolo para actuar en casos de alumnos con padres separados

Regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de menores, el proceso de escolarización o la participación en actividades

MURCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha enviado esta mañana a los centros educativos las nuevas instrucciones para establecer pautas comunes de actuación sobre cuestiones que afectan al alumno menor de edad con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, ha informado este miércoles en Consejo de Gobierno de este nuevo protocolo de actuación en los centros escolares para facilitar la resolución de conflictos entre progenitores separados en el ámbito educativo de sus hijos.

"Este protocolo es importante para que los equipos directivos y docentes puedan seguir medidas concretas para reforzar la mediación entre padres cuando no haya acuerdo en situaciones cotidianas que afecten al alumnado", ha señalado la consejera.

El protocolo ha entrado en vigor este mismo miércoles y regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de los menores, el proceso de escolarización y la participación en actividades de menores y padres en los centros, siempre favoreciendo al alumno menor de edad.

Martínez-Cachá ha explicado que "estas instrucciones surgen de la comunicación y el trabajo conjunto con equipos directivos, asociaciones de padres y madres de alumnos e inspección educativa y de las necesidades que se han detectado en relación a alumnos con padres separados". Así, ha indicado que "el protocolo de actuación facilita la gestión de las situaciones siempre primando el interés del menor y favoreciendo el buen clima escolar".

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Según este protocolo y con carácter general, el padre, madre o tutor legal separado, divorciado o sin vínculo matrimonial o de pareja de hecho, en virtud de la patria potestad y con independencia de que tenga o no asignada la guarda y custodia del menor, tendrá derecho a ser convocado para acudir a las reuniones informativas que realice el centro en relación con el proceso educativo del alumno.

Una de las novedades consiste en duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad, incluido el boletín de calificaciones.

Así, recibirán por duplicado, si fuese necesario, toda la información relacionada con notas informativas, entrevistas familiares, calificaciones, solicitud de becas, asistencia al comedor, adopción de medidas educativas, autorizaciones para participar en actividades extraescolares y complementarias.

RECOGIDA DE LOS MENORES

En cuanto a la recogida del centro, el menor se entregará al padre o madre o tutor, según establezca la resolución judicial, sin perjuicio de que éste pueda autorizar por escrito al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Para ello, quien tenga la guardia y custodia entregará al centro un listado de personas autorizadas debidamente identificadas para poder recoger al menor a la salida de clase.

En caso de impuntualidad en la recogida, el maestro, profesor o responsable en el centro educativo se pondrá en contacto con la persona autorizada y, en caso de no obtener respuesta, dará parte a la Autoridad competente para que intente localizar a la familia o se ponga en contacto con Servicios Sociales.

Por otro lado, el Protocolo de Actuación también establece la norma para el proceso de escolarización de los menores. En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se recogen, y que afectará a todas las familias, es que a partir del próximo curso sólo se admitirá una única solicitud por cada alumno, en la que ha de constar las firmas del padre y de la madre, estén o no separados. En todos los casos las solicitudes deberán ir firmadas por ambos.

Cuando se solicite la admisión en un centro educativo y exista discrepancia en relación con la localidad o municipio donde este se ubica, se dará prioridad a la escolarización en la localidad donde reside el progenitor que convive habitualmente con el menor.

Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores o tutores legales, se dará prioridad, en primer lugar, al centro en el que el menor tenga hermanos y, en su defecto, al centro más próximo al domicilio de cualquiera de ellos. Una vez matriculado un alumno, para proceder a un cambio de centro se requerirá como regla general el consentimiento expreso de ambos progenitores.

Respecto a la participación en las actividades del centro, siempre que ambos padres mantengan la patria potestad, ambos podrán formar parte en el Consejo Escolar. Además, tendrán derecho a ser informados del calendario de elecciones al Consejo Escolar, así como a participar en el funcionamiento del centro a través de las diferentes asociaciones

DISCREPANCIAS ENTRE LOS PROGENITORES

Finalmente, entre las medidas que incluye el protocolo se contempla que persistan las discrepancias entre los progenitores. En este caso, si estas desavenencias constantes pudieran perjudicar la integración social y educativa del menor, el equipo directivo del centro escolar deberá poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Martínez-Cachá ha destacado que "se trata de un paso muy importante que beneficia tanto a los centros educativos como a los padres porque les permite ser proactivos en la educación de sus hijos sin sentirse excluidos y, lo más importante, beneficia a los niños, porque se favorece siempre el interés superior del menor y evita situaciones que le puedan generar incertidumbre, miedo o ansiedad".

La consejera ha añadido que, de esta forma, "se da respuesta a una importante demanda social y se dota a los centros educativos de herramientas hasta ahora inexistentes para facilitar la resolución de conflictos".

Martínez-Cachá ha señalado que se dan "muchísimas situaciones" de este tipo como, por ejemplo, solicitudes de traslado de centro escolar desconocidas por uno de los progenitores; o el inicio del proceso de escolarización de niños de tres años en los que uno de los dos padres no conoce las condiciones o prioridades de la solicitud; o situaciones que generan "verdadera angustia" en los niños porque uno de los padres desconoce el boletín de notas.

"Se dan situaciones muy variadas, muy diferentes y que era necesario que estuvieran reguladas", según Martínez-Cachá, quien ha señalado que protocolos de este tipo ya están en marcha en otras comunidades como Andalucía y Madrid, aunque el de la Región de Murcia es "más amplio" y "recoge todas las situaciones susceptibles de discrepancias".