Delegación afirma que la urgencia de las obras para ampliación del Hospital Naval obedece a un "procedimiento normal"

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno en la Región ha comunicado que la ampliación del Centro de Atención, Emergencias y Derivación de Cartagena, en el antiguo Hospital Naval, tras declarar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la urgencia y el excepcional interés público de las obras, obedece a un "procedimiento normal, amparado por la ley y, por tanto, contará con todas las garantías jurídicas".

Así, la Delegación ha señalado que el Ministerio ha solicitado el "oportuno informe" al Ayuntamiento de Cartagena, cuya alcaldesa, Noelia Arroyo, ha advertido este jueves por la mañana al departamento dirigido por Elma Saiz de los "riesgos de hacer obras sin licencia".

Arroyo ha remitido al Ministerio el informe municipal de Urbanismo, en el que los técnicos del Ayuntamiento "advierten de los riesgos asociados al proyecto". Según ha explicado, "esta Orden permite ejecutar obras sin necesidad de licencia municipal, evidenciando que el Ministerio era consciente de la imposibilidad de legalizar las actuaciones conforme a la normativa vigente".

"Cuando el Gobierno de España quiere hacer algo declara la urgencia y lo hace saltándose las normas; por tanto, desde este momento, la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones y de quien en ellas se alojan pasa a ser de dicho gobierno", ha aseverado la regidora.

Arroyo ha enumerado la lista de "incumplimientos" que implica esta decisión ministerial, destacando "la ejecución de obras sin autorización municipal, el incumplimiento de normativas de seguridad de las carpas instaladas, la ubicación del antiguo Hospital Naval en una zona de riesgo hidráulico y la incompatibilidad del uso residencial asignado al recinto con el Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica el espacio como sistema general de equipamiento comunitario destinado a funciones de defensa y protección".

El resultado final, tal y como ha insistido la alcaldesa, "es que el Ministerio va a alojar a más de mil personas en instalaciones que, según los técnicos, no cumplen las normas antiincendios y en un recinto inundable; actúa de manera unilateral ampliando plazos y capacidad sin previo aviso, y por ello le he pedido a la ministra que reconsidere sus decisiones y urja los preparativos para el cierre de la instalación, tal y como estaba previsto, para principios de junio del año próximo".