SAN JAVIER (MURCIA), 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de la Región de Murcia han desarrollado de forma conjunta la operación 'Phytes', que se ha saldado con la desarticulación de un grupo criminal presuntamente dedicado a la introducción y comercialización de productos fitosanitarios ilegales procedentes de China en España, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
En la operación se han incautado cerca de 24 toneladas de estas sustancias, en San Javier y Murcia, valoradas en 800.000 euros, y se ha investigado a siete personas --dos mujeres y cinco hombres--, una de ellas detenida, como presuntas autoras de los delitos de contrabando, contra la salud pública, contra la propiedad industrial, contra los recursos naturales y el medioambiente, alzamiento de bienes, simulación de delito y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició en 2022, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectó la entrada de sobres aluminizados procedentes de China a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sospechosos de contener mercancía ilegal. La investigación inicial permitió averiguar que la empresa comercializadora estaba asentada en la Región de Murcia, por lo que las pesquisas se centraron en averiguar el lugar donde podían almacenarse.
Una vez puestos los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Seprona de la Guardia Civil iniciaron una serie de servicios coordinados. Durante las vigilancias y los controles a los miembros de este grupo criminal se pudo localizar el lugar donde se almacenaban y distribuían los productos, una nave industrial sita en San Javier.
El equipo investigador realizó una visita a la nave con el fin de identificar, recontar y extraer muestras de los productos para conocer el alcance de las irregularidades investigadas.
SIMULACIÓN DE DELITO
A raíz de esta inspección, los investigados simularon el robo de los productos --que posteriormente los laboratorios han identificado como prohibidos-- y presentaron una denuncia en el juzgado, para después abandonar la nave como lugar seguro de almacén y distribución.
Los agentes averiguaron que los productos denunciados como sustraídos habían sido trasladados a otros dos locales, uno en San Javier y otro en una nave porcina en desuso de la pedanía murciana de Los Dolores.
El registro de estos dos locales permitió la localización e incautación de cerca de 24 toneladas de fitosanitarios, líquidos y sólidos, valorados en 800.000 euros, así como documentación relacionada con el entramado delictivo.
Una parte de los fitosanitarios incautados carecían de etiquetados y correcto envasado y su venta no estaba autorizada, existiendo en el mercado nacional diversas mercantiles que los comercializan de forma legal. Presuntamente, la red criminal desmantelada los vendía a la mitad del precio de mercado lo que, además, supone competencia desleal para el sector.
GÉNERO PROHIBIDO Y ALZAMIENTO DE BIENES
La mayor parte de los productos incautados incorporaban sustancias utilizadas en preparaciones plaguicidas, insecticidas o fungicidas, incluidas en la Lista de sustancias activas con principios activos que aparecen citados en el Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos y tienen la consideración de género prohibido, según la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
Los investigadores también descubrieron que la cabecilla de la organización --una mujer de 43 años, nacionalidad rumana y asentada en la Región de Murcia--, que había acumulado con las ganancias de la actividad ilícita un importante patrimonio inmobiliario y automovilístico, simuló donaciones y transferencias de viviendas y de vehículos a su madre y a otras personas de su confianza, con el fin de evitar las medidas que se pudieran adoptar contra estos bienes y tratar de eludir responsabilidades pecuniaria.
Finalmente, durante la fase de explotación de la operación, han sido incautados dos vehículos utilizados para el transporte de los productos y se han bloqueado preventivamente tres viviendas y una autocaravana, pese al alzamiento de bienes perpetrado por la líder de la organización.
Según se desprende de la investigación, el negocio se iniciaba con la obtención de fitosanitarios no regulados en la Unión Europea, continuaba con su entrada ilegal en territorio español y finalizaba con su distribución en ámbito nacional.
Los investigadores han determinado que, al parecer, el entramado delictivo comenzó con la introducción de sobres aluminizados de medio kilo de producto a través del aeropuerto de Barajas, si bien, en la confianza de que estaban pasando desapercibidos, aumentaron las compras, llegando a introducir grandes cantidades a través del puerto de Valencia.
Los siete investigados, de nacionalidades rumana, española y colombiana, los productos y los efectos incautados, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier.
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