MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a 24 inmigrantes, 18 de ellos en situación irregular, y un empresario español dedicado a la construcción y promoción de viviendas por falsedad documental en la tramitación de empadronamientos y autorizaciones de residencia en España.
Fruto de la colaboración entre el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Policía Nacional y partiendo de informaciones obtenidas relacionadas con empadronamientos falsos de ciudadanos extranjeros en otros municipios del territorio nacional, la investigación de la operación 'Delhi' comenzó hace dos meses cuando se detectó un número insólito de ciudadanos extranjeros, principalmente procedentes de Pakistán, India y Marruecos, empadronados en un mismo edificio, y que realizaban trámites ante distintas Administraciones Públicas tanto a nivel nacional como local.
En esos trámites se acreditaban domicilios de la localidad murciana en los que nunca habían residido, estando todos ellos localizados en el mismo inmueble.
Los empadronamientos en el municipio de Torre Pacheco tendrían como finalidad la obtención de diversos beneficios ante las Administraciones Públicas, tales como acreditación de residencia en España para acceder a autorizaciones por arraigo social, la renovación y consecución de otros permisos de residencia y obtención de la tarjeta sanitaria, entre otros, a los que de otro modo no hubiesen podido optar.
Las indagaciones determinaron que el propietario del inmueble donde se ubicaban todos los domicilios era un conocido promotor y constructor de Torre Pacheco que, tras la captación de los inmigrantes, procedía fraudulentamente a darlos de alta en el padrón y en viviendas, previamente seleccionadas, para evitar la detección por parte de los servicios municipales o policiales.
Gran parte de los ciudadanos extranjeros, además de encontrarse en situación irregular en España, son residentes en otras provincias, no habiendo estado nunca en Murcia salvo para la tramitación de los falsos empadronamientos.
El constructor, un ciudadano español de 60 años, cobraba a cada ciudadano extranjero cantidades próximas a los 300 euros, dependiendo siempre del periodo de empadronamiento necesitado.
Hasta el momento se han acreditado la realización de, al menos, medio centenar de empadronamientos ficticios en viviendas de su propiedad. Algunas de éstas incluso eran, al mismo tiempo, arrendadas a personas de diversas nacionalidades que en todo momento desconocían a sus nuevos compañeros de piso.
Los hechos se han puesto en conocimiento de los distintos organismos oficiales implicados, además de la Oficina Única de Extranjería.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional en Cartagena, no descartándose nuevas detenciones en las próximas semanas.