El Fiscal pide penas que suman 58 años de cárcel para los 7 integrantes de una red de tráfico de migrantes

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Fiscal ha pedido penas que suman un total de 58 años de cárcel para los siete acusados de integrar una red que traficaba con migrantes, transportando personas desde Argelia a las costas de Murcia y Almería a bordo de pateras, al menos, desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021, según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el Fiscal pide una pena de diez años de cárcel para el líder de la organización y ocho años de prisión para cada uno de sus ayudantes como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El inicio del juicio está previsto a las 11.00 horas del lunes, 19 de febrero, en la sala 009 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

Los hechos se remontan a una fecha no determinada pero, en todo caso, el Fiscal señala que comenzaron desde, al menos, el mes de septiembre de 2020 y hasta el momento de la detención del jefe, administrador y encargado de la organización en 2021.

En concreto, el Fiscal acusa al principal encausado de dirigir y liderar una organización estable y jerarquizada en la que, gracias a la perfecta distribución de las tareas entre sus miembros bajo sus órdenes se ha dedicado a disponer y organizar el tránsito irregular de personas de nacionalidad argelina y marroquí desde las costas de Argelia hasta España.

Todo ello, movidos por el ánimo de "obtener una ilícita ganancia patrimonial" e infringiendo la normativa de administrativa de entrada y permanencia de los extranjeros en España a cambio de elevadas cantidades de dinero que exigían a los ciudadanos que transportaban o a sus familias.

Para ello, el citado acusado ha contado con la colaboración de su núcleo familiar, integrado por su esposa y sus dos hijos, así como por los dos hermanos de su esposa y otros dos procesados. Todos ellos desplegaron "la logística necesaria para la consumación de dichos transportes", según el Ministerio Público.

El encargado de esta organización ocupaba el nivel jerárquico superior y asumió las funciones de interlocutor con los integrantes de la misma asentados en Argelia y Marruecos, cuya identidad no se ha determinado y que estaban encargados de la captación de compatriotas para su posterior traslado en pateras.

No obstante, el Fiscal ha precisado que también participaron en esos contactos uno de los hijos del líder de la red y su cuñado.

El jefe de esta red también coordinaba las funciones que iba encomendado a los restantes acusados y a otros colaboradores cuya identidad no se ha podido determinar, gestionando los traslados de los inmigrantes por el territorio nacional una vez que llegaban a las costas.

Incluso, llegaban a desplazarse en ocasiones a dichos puntos y organizaban el cobro de las cantidades que, a modo de tarifa, se exigían a las familias de los mismos.

El transporte de los ciudadanos extranjeros desde las costas argelinas hasta las costas españolas, principalmente ubicadas en las provincias de Murcia y Almería, se efectuaba mediante embarcaciones conocidas coloquialmente como pateras, pilotadas por patrones integrantes de la misma organización. Algunas de estas naves estaban provistas con motores de gran cilindrada, conocidas como 'taxi-pateras'.

Una vez depositados los ciudadanos extranjeros en las costas de españolas, los patrones regresaban al punto de partida y, en caso de imposibilidad, los acusados les procuraban la cobertura necesaria en España hasta su retorno.

La Fiscalía advierte en su escrito de acusación que los 'taxis-patera' comportan un grave peligro para la vida e integridad de sus ocupantes puesto que carecen de las mínimas condiciones para efectuar un trayecto a larga distancia, y mucho menos una travesía como mínimo de 130 millas náuticas (209 kilómetros), distancia que separa en línea recta la costa de Argelia de la costa de España.

Además, no están preparadas para soportar las condiciones de viento y oleaje de estas travesías al estar habilitadas únicamente para la navegación próxima a la costa como embarcación de recreo o pesca a corta distancia, además de estar desprovistas de elementos de seguridad, gobierno, armamento, extinción o sistema de radiocomunicaciones.

El sistema de repostaje de la embarcación se realiza durante el trayecto con el motor encendido, mediante el cambio de una manguera entre los distintos bidones de gasolina con los que viene pertrechada, con el consiguiente riesgo de que por contacto combustible-bujía se produzca una combustión que queme la embarcación o a sus ocupantes, así como con el consiguiente riesgo de ocasionar lesiones por el contacto del combustible con la piel unido a la salinidad.

En concreto, los acusados realizaron las labores necesarias para desembarcar y trasladar a los ciudadanos que entraron irregularmente en España mediante pateras que llegaron a las costas murcianas y almerienses al menos desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021.

Además, uno de los acusados fue el conductor de, al menos, una de estas "pateras-taxi", que llegó a las costas murcianas el 26 de marzo de 2021. Una vez que los ciudadanos extranjeros se encontraban en España, la organización escondía tanto a éstos como a los patrones no retornados temporalmente en tres inmuebles, encargándose uno de los acusados de gestionar y organizar el tránsito hacia dichos lugares.

Se trataba de un garaje, una finca y una casa de Fuente Álamo, donde ofrecían estancias con nulas condiciones de salubridad para el hospedaje de los mismos. El líder de la organización tenía conocimiento previamente de la fecha y lugar de llegada de la patera, y trasladaba a los inmigrantes a estos inmuebles de seguridad o "guarderías".

En ocasiones, el propio líder del grupo y su esposa participaban materialmente éste en tales traslados. Además su mujer, como persona de máxima confianza, se encargaba de coordinar telefónicamente y bajo sus instrucciones las funciones de los restantes miembros de la organización.

Asimismo, la acusada disponía elementos mínimos necesarios para la pernoctación en el garaje de la vivienda familiar de estos y los patrones. Los acusados, igualmente trasladaban a los ciudadanos extranjeros y los patrones de las embarcaciones a distintas poblaciones españolas en su función de favorecer su tránsito y estancia irregular en España, como culminación de la operación previamente realizada o disponían lo necesario para su traslado a Francia, destino habitual de los ciudadanos argelinos.

Por Auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena de fecha de 22 de abril de 2021 se acordó la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de los acusados, con la excepción de una de ellas.