Fiscalía advierte que los procedimientos incoados de violencia sobre la mujer en la Región aumentan un 28% en 2021

Díaz Manzanera advierte que siguen llegando denuncias políticas que "siguen siendo absolutamente inaceptables"

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado la incoación 8.343 procedimientos de violencia sobre la mujer en el año 2021, lo que supone un incremento del 28,27% con respecto a los 6.504 del año anterior, tal y como ha advertido el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.

En la presentación de la Memoria del año 2022 de la Fiscalía Superior de la Región --que contiene los datos relativos al año 2021--, Manzanera ha alertado de este incremento en los casos incoados de violencia sobre la mujer y, al ser preguntado por los motivos, ha reconocido que es algo "complicado" de analizar.

En este sentido, ha señalado que el incremento de casos que se registró en 2020 con respecto a 2019 en esta misma área pudo tener como razón el confinamiento por la pandemia y la obligada convivencia en los domicilios. En cambio, ha reconocido que "no hay una razón concreta" que explique el incremento registrado en 2021 porque ya no hay confinamiento.

De hecho, ha alertado que el número de casos incoados de violencia sobre la mujer van en incremento "año tras año". A su juicio, se trata de un problema "de base y de educación" que se "debe trabajar con la gente joven". En cualquier caso, ha admitido que la Justicia en este caso no está obteniendo el resultado de "prevención" y disuasión que cabría cosechar por el "miedo a la sanción penal".

TRATA DE SERES HUMANOS

En otro orden de cosas, Díaz Manzanera también ha dicho estar especialmente preocupado por el incremento de casos en el área de extranjería y de trata de seres humanos. "Es brutal; una realidad que es mayoritariamente desconocida", según el fiscal superior, quien ha advertido que los autores de estos delitos tienen una "nula catadura moral" y "solo se mueven por dinero".

Se trata, añade, de un problema muy extendido especialmente en las provincias costeras y que "obliga a un trabajo de coordinación" con la Fiscalía y las fuerzas policiales". Por eso, ha avanzado que a partir de septiembre va a mantener reuniones con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En lo que respecta al Mar Menor, Díaz Manzanera ha recordado que la Fiscalía ya presentó el 10 de enero de 2022 el escrito de acusación contra más de 30 personas físicas y jurídicas dedicadas a la agricultura y que han realizado vertidos ilegales" a la laguna salada, a los que hay que sumar "determinados cargos públicos".

Actualmente están en trámite los escritos de defensa de los abogados que han recurrido el auto, aunque ha mostrado su esperanza en que el procedimiento llegue este año a la Audiencia Provincial para que el juicio se fije "lo antes posible, ya para 2023", aunque ha reconocido que depende de los magistrados.

A este respecto, se ha mostrado especialmente "orgulloso" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia admitiendo la demanda de la Fiscalía por inacción de la Consejería de Agricultura para exigir responsabilidad ambiental. "Me consta que la Consejería ha incoado expedientes de responsabilidad ambiental a esas empresas", ha remarcado.

A su parecer, la Justicia "no tiene la solución" para los problemas de la laguna salada pero sí que puede habilitar los mecanismos para "sancionar y, en su caso, exigir a las administraciones públicas que pongan esas soluciones". "En pleno siglo XXI, ha habido obras de ingeniería más importantes y tiene que haber soluciones para este asunto", ha zanjado.

Para finalizar, al ser preguntado por la judicialización de la política, ha recordado que cuantificó los delitos relativos a la administración pública y, especialmente, por prevaricación, desde 2020 a octubre de 2021. En concreto, ha señalado que se archivaron el 77% de "las denuncias que se estaban interponiendo por parte de formaciones políticas y que se demostró que no tenían pruebas". Ha señalado que se archivaron "de plano" o tras pedir "un mínimo de documentación acreditativa".

Ha insistido en que "no se puede estar utilizando la Justicia para estos fines". Aunque ha reconocido que "es posible" que se haya mejorado a este respecto, ha advertido que "siguen llegando denuncias que siguen siendo absolutamente inaceptables". En la mayoría de los casos, la Fiscalía practica diligencias pidiendo documentación, pero en otros casos "se archivan de plano". Así, espera que la proximidad de las elecciones de mayo de 2023 no impliquen "un incremento de esta práctica".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))