MURCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Murcia ha investigado durante los tres primeros meses del año a unas 40 personas por ejercer de taxistas sin contar con la preceptiva licencia o por intentar captar viajeros para ser transportados en vehículos particulares, según han informado fuentes municipales a Europa Press.
De las investigaciones desarrolladas este 2022 respecto a este tipo de prácticas, bastante extendidas en los últimos diez años, un total de cinco han conllevado denuncias.
Desde Policía Local de Murcia han explicado que estas actuaciones, además de ilegales, suponen una competencia desleal para los conductores que sí cuentan con autorización para transportar viajeros por el término municipal, al fijar un precio menor por carrera.
Para evitar la presencia de este tipo de vehículos, conocidos en el argot callejero como 'taxis piratas', el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local mantiene vigilancias diarias en las inmediaciones de tres 'puntos calientes' de Murcia.
En concreto, estos espacios son la estación de autobuses de San Andrés; el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en la pedanía de Corvera, y la Oficina de Extranjería, en Cabezo Cortado.
Las sanciones para este tipo de prácticas vienen establecidas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta norma recoge dos infracciones básicas: por un lado, la que comete el 'captador' o persona que, en las inmediaciones del lugar, se dedica a conseguir clientes; y, por otro, la de la persona que ejerce la actividad del transporte de personas, esto es, el conductor.
Estos últimos no suelen estacionar en la puerta de los establecimientos, sino que lo hacen a unos centenares de metros para evitar ser vistos. La labor de vigilancia por parte de los agentes requiere de discreción, con lo que los efectivos no van uniformados.
MÁS DE 4.000 EUROS DE MULTA
Una vez el 'taxi pirata' está en marcha, agentes uniformados salen a su paso. Parado el coche, los policías entrevistan por separado a clientes y conductor con el fin de comprobar si, como se presupone, no existe una relación de amistad o familiaridad entre ellos.
En caso de que no la haya, al usuario o usuarios se les da la posibilidad de ser trasladados hasta su lugar de referencia en un taxi oficial, con cargo siempre al infractor.
Por su parte, el vehículo objeto de investigación es inmovilizado y trasladado por una grúa --por un coste para el conductor de 98 euros-- hasta el depósito, donde la estancia cuesta 14,87 euros diarios.
No obstante, la multa mayor a la que tendrá que hacer frente el conductor o 'captador' es la resultante de la propia práctica ilegal de transportar sin contar con autorización, pues la cantidad mínima asciende, según la legislación regional, a 4.001 euros.