La juez ordena abrir juicio oral a Cerdá y otros 14 responsables del proyecto de la desalinizadora de Escombreras

Fiscalía pide 8 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por prevaricación continuada en concurso con fraude y malversación en el caso La Sal

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en auto notificado este martes, ha ordenado la apertura de juicio oral al ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y a otros 14 investigados en las diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico como caso 'La Sal' o caso 'Desaladora'.

En concreto, la jueza ha ordenado la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación continuada en concurso real con el delito continuado de fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

También se abre juicio oral a varias mercantiles como posibles responsables civiles subsidiarios; y a otras empresas como participes a título lucrativo.

Esta primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o representantes de una mercantil y de una empresa, o "parte privada".

Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por en el que solicitaba penas de 8 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 15 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La acusación solicita, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado de 70 millones de euros. Escrito al que se adhiere la acusación popular.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.

En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere a los acusados para que presten fianza de 70 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente. Responsabilidad Civil que, según indica la resolución, estará ligada al devenir de conocido como caso La Sal II, en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.

Por último, de acuerdo a las penas solicitadas por la acusación, la resolución declara a la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento. Contra este auto no cabe recurso.

En un segundo auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional respecto del administrador inicial de Hidromanagement y un consejero delegado solidario hasta septiembre de 2005, tal como solicitó la acusación pública.

NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES

La magistrada mantiene de forma preventiva la prohibición de disponer de la Planta Desaladora de Escombreras. Y, en una providencia también notificada este martes, abre una pieza separada de responsabilidad civil para resolver sobre la medida cautelar solicitada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se adhiere el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, de que las cuotas del contrato de arrendamiento que Desaladora de Escombreras tiene que abonar a una mercantil (dinero procedente de transferencias de ESAMUR y a cargo de los presupuestos públicos de la CARM), se depositen en la cuenta judicial de consignaciones, sirviendo el depósito judicial como garantía de caución.